El Gobierno de coalición someterá a exposición pública el borrador del anteproyecto de Ley de Protección Animal esta próxima semana. Entre las principales novedades que incorporará la futura norma, que se pretende aprobar en el Consejo de Ministros durante el primer trimestre del próximo año, destaca la creación de un Documento Nacional de Identidad Animal que será obligatorio para todos los animales de compañía. El objetivo es crear un sistema de identificación unificado a nivel estatal y mejorar la trazabilidad del animal desde su nacimiento hasta su muerte, de forma similar a lo que ocurre ya con los animales de producción, según informa el diario digital El Confidencial.
La medida se justifica tanto desde el punto de vista de la protección animal, referente a la localización y gestión de los animales, como de la salud pública. Al incluir en la trazabilidad del animal desde las vacunas a los tratamientos veterinarios, se podrá determinar, por ejemplo, si en una zona concreta hay un número elevado de animales con enfermedades que tenga que ver con algún tipo de plaga para poder realizar los tratamientos necesarios. Al unificar los sistemas de identificación, pues en la actualidad existe un registro por cada comunidad autónoma, se favorecerá también la localización de animales cuando se pierdan fuera de la comunidad en la que están registrados. La futura ley incorporará, según se recoge en el borrador, la obligatoriedad de que se acompañe una muestra de ADN en el registro del animal.
Este DNI animal será electrónico y, como ya ocurre actualmente con los microchips, también obligatorio para los cerca de diez millones de animales de compañía que actualmente hay en España. Incorporará un lector de código QR que se generará a través de una aplicación que está siendo desarrollada por la dirección general de Bienestar Animal, que depende de la vicepresidencia segunda al frente de la que está Pablo Iglesias, de cara a que fuerzas de seguridad o veterinarios puedan acceder a todo el historial del animal. Será igualmente obligatorio que todos los animales cuenten con un seguro de responsabilidad civil.
La futura ley también incorporará, según se recoge en el borrador del anteproyecto, la obligatoriedad de que se acompañe una muestra de ADN en el registro de cada animal. Algunos municipios ya realizaban este tipo de identificaciones genéticas para sancionar a los propietarios que no recogiesen las heces de sus perros, pero en este caso se enfocará para evitar la cría ilegal. La norma establecerá un registro de criadores que deberán cumplir unos determinados requisitos, como por ejemplo no criar a un perro con una consanguineidad superior al 35% con el fin de que se vayan cruzando enfermedades genéticas, principalmente en los perros de raza. Se elaborará así un registro de criadores y de personas o entidades de protección que recogen animales abandonados.
El denominado "sacrificio cero", que ya existe en varias comunidades autónomas, será otra de las medidas que introducirá la norma para homogeneizar la legislación a nivel estatal. De este modo, según recoge el borrador, no se podrá sacrificar a ningún animal que esté sano. Se reglamentarán por otra parte los espectáculos con animales, poniendo el foco en las peleas de gallos que quedarán prohibidas a nivel nacional.
Actividades para las que se establecerán sanciones administrativas, homogeneizando las que ya existen a nivel autonómico, estableciendo una suerte de media. Al mismo tiempo se hará una propuesta de modificación del Código Penal para "modificar el concepto de impunidad hacia el maltrato animal", según avanza el director general de Derechos de los Animales, Sergio García. "Ahora estamos a la cola de Europa en protección animal y queremos situar a España en los primeros puestos. Queremos que la gente entienda que tener un animal no es tener un juguete o una herramienta, garantizando su protección y derechos", resume.
Esta nueva norma establecerá una modificación de la actual relativa a los perros potencialmente peligrosos porque, según añade García, "se ha demostrado ineficaz en su concepción primaria, que era prevenir los ataques de animales a personas". Se modificará para que todos los perros tengan que pasar un test de comportamiento, indistintamente de su raza. En estos test de valoración está trabajando un equipo de etólogos y profesores de diferentes universidades, tanto españolas como extranjeras. La idea pasa por realizarlo cuando los perros tengan un año de vida, y se establecerá un sistema de semáforos según sus comportamientos, siendo verde si el resultado es positivo y rojo si queda pendiente de una segunda revisión ('pendiente de revisión de conducta' será el término que se utilizará). En este caso, sería obligatorio que el animal utilizase medidas de seguridad preventivas como actualmente ocurre con los denominados potencialmente peligrosos.
