La Fiscalía General del Estado (FGE) ha hecho un llamado urgente a las autoridades españolas para que aborden la falta de un criterio unificado en los registros civiles y tribunales respecto a la gestación subrogada. Así se recoge en la Memoria del 2024 de la FGE, presentada este viernes durante la apertura del Año Judicial, tal y como recoge Europa Press.
El documento revela un notable incremento en las demandas de reclamación de filiación derivadas de técnicas de reproducción asistida, especialmente en el caso de la gestación por subrogación. Aunque la legislación española declara nula esta práctica, la Fiscalía señala que muchas personas acuden a países donde es legal para eludir la normativa interna, intentando posteriormente registrar a los menores en España.
Esta situación genera un conflicto jurídico significativo. La Fiscalía recuerda que, aunque el Tribunal Supremo (TS) sentenció en 2022 que la gestación subrogada es nula por atentar "contra la dignidad de la madre gestante y del hijo", la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (antigua Dirección General de Registros y Notariado) permite la inscripción si existe una resolución judicial extranjera que reconozca la filiación.
Esta dualidad de posturas ya había sido señalada en la Memoria de 2016 de la Fiscalía y, dada la complejidad de la materia y la implicación del interés superior del menor, se considera urgente encontrar una solución. La FGE insiste en que el Tribunal Supremo ha reiterado su postura en una nueva sentencia que deniega el reconocimiento de una sentencia de un tribunal estadounidense sobre un caso de gestación subrogada. El TS subraya que esta práctica "atenta contra la integridad física y moral de la mujer gestante y del menor al ser tratados como cosas susceptibles de comercio".
Por otro lado, la Fiscalía ha puesto el foco en las agencias que ofrecen servicios de gestación subrogada en España. La FGE ha recibido múltiples denuncias de particulares y asociaciones que alertan sobre páginas web que realizan publicidad comercial de programas de gestación subrogada que se llevan a cabo en otros países.
Tras un análisis de las denuncias, la Fiscalía ha remitido diligencias a varias fiscalías competentes en Barcelona, Málaga y Madrid, donde recientemente se ha formulado una demanda ante los juzgados de lo mercantil contra tres entidades que operaban en la capital. La FGE también ha solicitado la colaboración del Instituto de las Mujeres para identificar y localizar a otras entidades que puedan estar realizando este tipo de publicidad ilícita.
La Memoria de la FGE también aborda otro ámbito del derecho de familia, criticando la "escasa regulación" de la custodia compartida y sus efectos en el Código Civil. A diferencia de las normas forales, la falta de una regulación común genera una alta litigiosidad y ha provocado una "amplia actividad jurisprudencial" para cubrir las lagunas legales. La Fiscalía considera que una mayor regulación podría reducir la cantidad de conflictos judiciales y ofrecer una mayor seguridad jurídica a las familias.
