El Gobierno debe pagar una nueva factura por prorrogar los ERTE y las ayudas a los autónomos hasta el 31 de enero y todavía no ha decidido a quién va a recurrir para financiar un coste que entre mayo y septiembre ascendió a 22.000 millones de euros. Entre octubre y enero, el Gobierno tiene una cosa clara y duda entre dos opciones. Por una parte, estas prestaciones incrementarán la deuda pública porque no podrán sufragarse con los alrededor de 20.000 millones de transferencias que Hacienda espera recibir del Fondo de la UE en 2021. En esta tesitura, tiene dos opciones, obtener ese dinero subastando deuda en los mercados financieros o pedir ya en 2021 parte de los 62.300 millones en préstamos que España podrá recibir de la UE hasta 2026 y, como en el caso anterior, tendrá que devolver. De momento, los ministerios de Economía y de Hacienda no tienen una visión única de qué camino tomar, según informa el diario digital 20minutos.
La prórroga de hasta tres modalidades diferentes de ERTE por la Covid y de otras tantas prestaciones diferentes para autónomos afectados por la pandemia generará en los próximos meses necesidades financieras que el Gobierno sólo podrá cubrir aumentando la deuda pública. Queda menos de un mes para que el 15 de octubre el Gobierno remita a Bruselas el Plan de Recuperación y Resiliencia en el que presentará proyectos para ser financiados con un primer tramo de los 140.000 millones que le corresponderán a España y también tendrá que solicitar cuántas transferencias necesita y préstamos por cuánto importe.
Dentro del Gobierno aún no está claro si es adecuado pedir préstamos a la UE o si es mejor continuar financiándose en los mercados como hasta ahora, con tipos de interés negativos. Es decir, que los inversores pagan por comprar deuda española y no España por colocarla. De momento, no se ha precisado qué condiciones que impondrá la UE a los préstamos del Fondo de Recuperación pero fuentes del Gobierno apuntan a que “lo razonable” es que sean “algo mejores” que los tipos del Tesoro Público. En todo caso, se conocerán antes de que España decida si pide o no préstamos a la UE y mientras tanto en el Gobierno hay división de opiniones sobre si para 2021 solo hay que solicitar transferencias directas o si también hay que pedir préstamos para financiar los ERTE y las prestaciones autónomos entre octubre y enero.
Hacienda calcula que en 2021 podrá recibir unos 20.000 millones para financiar proyectos relacionados con la digitalización, la transición ecológica o la cohesión social. Pero no para sufragar el coste de los ERTE y las ayudas a los autónomos que en la primera oleada costaron 22.000 millones de euros, según indicó este miércoles el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
El Gobierno mantiene que casi el 90% de este primer coste ya está cubierto con las subastas que ha hecho el Tesoro a lo largo del este año, pero la incógnita de cómo financiar el coste de los ERTE y las prestaciones de autónomos se abre ahora para la prórroga recién aprobada entre octubre y enero de 2021. Escrivá indicó que de momento no es posible hacer un cálculo de cuánto costará en esta segunda oleada. “Depende de cuántos autónomos vayan a solicitar la prestación, de la cifra de bajas laborales o cuántas empresas se van a ir a distintas modalidades de ERTE”, dijo.
Símbolo o colchón de seguridad
Pero lo que sí se refleja es que hay diferentes opiniones sobre si pedir el dinero a la UE o pedírselo a los mercados y, de paso, una distinta concepción de parte del Fondo de Recuperación europeo, que en julio de decidió que destinara 140.000 millones de euros a España.
Por una parte, el Ministerio de Asuntos Económicos es partidario de aprovechar el fondo en su totalidad, es decir, de pedir las transferencias a fondo perdido -72.700 millones hasta 2026- y los préstamos -67.300 millones-. Según defienden en el departamento de la vicepresidenta Nadia Calviño, es que el fondo debe utilizarse en su totalidad, es decir, también los préstamos disponibles, no solo las transferencias directas. Según esta teoría, se trata también de una cuestión simbólica, de utilizar un fondo muy importante que se ha conseguido en la UE para afrontar la pandemia.
“No es que haga falta o no, nos estamos financiando bien en los mercado”, indican en el Ministerio de Calviño, donde conceden que puede que los préstamos de la UE podrían no estar disponibles aún en octubre, cuando la vicepresidenta remita a Bruselas el plan de reformas para empezar a recibir el dinero. En todo caso, aseguran que cuando el Gobierno celebra que ha conseguido 140.000 millones de la UE, se refiere a toda la cantidad, no solo a los 72.700 de subvenciones que no hay que devolver.
Esta postura es diferente a la que se defiende desde el Ministerio de Hacienda e incluso desde el PSOE. En el departamento de María Jesús Montero existen dudas de si es necesario pedir los préstamos de la UE cuando España se está financiando bien en los mercados, como indican las subastas del Tesoro.
En este sentido, desde las filas socialistas se considera que el Fondo de Recuperación es más bien un “colchón de seguridad” y una garantía frente a alteraciones de los mercados financieros más que como una alternativa a la que el Gobierno tenga que recurrir obligatoriamente.
