La fiscalía acusa al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, de un delito de lesiones sobre una mujer a quien -según la acusación- agredió en la plaza del Ayuntamiento de Valencia en julio de 2017 y a la que debería indemnizar con 21.000 euros, según informa el diario digital 20minutos.
Además, la acusación pública pide que Rubiales pague una multa de 2.400 euros por zarandear y empujar a Yasmina Eid-Macheh, la arquitecta con quien había mantenido una relación profesional que derivó en enfrentamiento y a quien causó dolores cervicales y secuelas psicológicas, informó a Efe la fiscalía valenciana.
Ambos mantuvieron un contencioso a raíz de una denuncia que la mujer presentó contra Rubiales por haber querido pagarle obras en su domicilio en la capital valenciana con fondos del sindicato Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) cuando el ahora presidente de la RFEF estaba al frente del mismo.
El enfrentamiento físico, siempre según el fiscal, tuvo lugar el 19 de julio de 2017, cuando el acusado "caminaba por la plaza del Ayuntamiento de Valencia y fue abordado por Yasmina E.S., con quien había mantenido una relación profesional que generó entre ambos una serie de desavenencias no resueltas".
El encuentro derivó en "una breve y tensa conversación que degeneró en discusión, en el curso de la cual el acusado, que iba a abandonar el lugar en un taxi que había parado ante la conducta agresiva de Yasmina, empujó a ésta violentamente en varias ocasiones, la agarró del brazo y la zarandeó con fuerza, marchándose inmediatamente en el referido vehículo".
A resultas de la agresión, Yasmina sufrió contusión costal derecha y en muñeca derecha, contractura cervical y otros daños físicos y morales que le supusieron "un perjuicio personal básico de 262 días, 244 de ellos con pérdida temporal de calidad de vida moderada, quedándole como secuelas algias postraumáticas en columna cervical, síndrome cervical asociado y un trastorno por estrés postraumático", según el fiscal.
Para el juicio, durante el cual el tribunal decidirá si existen pruebas para condenar al acusado, el fiscal pide que declaren los implicados y varios testigos.
