El Partido Popular ha puesto en marcha una campaña masiva de envío de sms a 1,2 millones de personas en los últimos días de la campaña electoral, circunstancia que los usuarios han aprovechado para denunciar a través de las redes sociales por el uso de los datos personales.
Sin embargo, desde el Partido Popular han argumentado que el envío es completamente legal, ya que los datos para el envío han sido suministrados por una empresa de marketing directo. Detallan que los números de teléfono han sido obtenidos de una base de datos “entre aquellas personas que han mostrado una disposición favorable a ser contactados mediante mensaje para recibir comunicaciones en alguna ocasión”.
En todo caso, la organización de Consumidores FACUA pedirá a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que investigue los SMS y las llamadas con propaganda electoral del PP y Más País
El equipo jurídico de la asociación enviará este lunes un escrito a la AEPD para solicitar que determine si ambas formaciones han cumplido o no con la normativa de protección de protección de datos, ya que el PP afirmaba que los SMS enviados este viernes al electorado se han remitido a teléfonos incluidos en una base de datos de usuarios que habían dado su consentimiento para recibir comunicaciones, pero no ha aclarado si aceptaron concretamente la recepción de comunicaciones de partidos políticos.
En el caso de Más País, han indicado que han recurrido a llamar a teléfonos que aparecen en las Páginas Blancas. De ser así, supondría haber usado una fuente accesible al público y, por tanto, no habría ilegalidad en la realización de las llamadas, advierte FACUA.
FACUA está recibiendo numerosas consultas de usuarios que han recibido llamadas telefónicas, SMS y sobres en los buzones de sus domicilios con propaganda electoral pese a haber solicitado al Instituto Nacional de Estadística (INE) que no fuera utilizada su información censal para esos fines.
En este sentido, ni los SMS de Pablo Casado (PP) ni las llamadas telefónicas con una locución de Íñigo Errejón (Más País) vulneran la legislación por no aclarar a los destinatarios cómo darse de baja de sus ficheros y no volverlas a recibir. FACUA señala que lamentablemente, la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales dice que no son "comunicaciones comerciales", eximiendo a los partidos de esa obligación.
Tampoco es ilegal que Vox haya metido propaganda en el buzón de los domicilios de los ciudadanos que pidieron al INE que ningún partido usara sus datos censales. Lo que ha hecho el partido de ultraderecha, advierte FACUA, es un buzoneo indiscriminado, sin indicar los nombres de los destinatarios.
En este sentido, la asociación reclama cambios en la legislación para evitar resquicios como el mencionado. Mucha gente quiere que no la llamen, le envíen SMS o correos electrónicos ni le metan sobres en el buzón. La normativa debe cambiar para los partidos en el sentido contrario al que se ha modificado la ley de protección de datos. Los ciudadanos, indica FACUA, no teneos por qué aceptar que nos obliguen a recibir propaganda.
Pero en cualquier caso, FACUA alerta de que si un partido político llama por teléfono o envía SMS a los usuarios, sólo es legal si ha obtenido sus teléfonos de forma aleatoria o a través de un fichero de usuarios que dieran su consentimiento al tratamiento de sus datos personales con fines de comunicaciones electorales.
Así, la asociación recuerda que el artículo 6 de la Ley orgánica de protección de datos deja clara la ilegalidad de los documentos donde los usuarios aceptan, de forma genérica, que usen sus datos "para el envío de comunicaciones de terceros". Deben aclarar si serán de bancos, aseguradoras... o partidos políticos.
