Unidas Podemos registró este miércoles una enmienda a la Ley de Protección de la Infancia presentada por el Gobierno para prohibir la entrada a los menores de 18 años a los espectáculos taurinos. La formación morada argumenta que así se da cumplimiento a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, aunque no está claro que esta enmienda vaya a ser aprobada, ya que sería necesario para ello el apoyo del PSOE, según informa el diario digital 20minutos.
El texto presentado por Unidas Podemos pretende que se restrinja a los mayores de edad la participación tanto en los festejos taurinos como en las escuelas de tauromaquia. La infracción de este precepto, si se terminara aprobando e incorporando a la ley, sería sancionado como una falta muy grave. "La enmienda nace de la preocupación [...] de la ONU, con respecto a la participación activa o como espectadores de niños, niñas y adolescentes a espectáculos públicos en los que se maltrate o sacrifiquen animales vivos y donde estos puedan herir de gravedad, incluso matar a humanos en presencia de los menores", justifica Unidas Podemos.
La formación morada y el PSOE sí se han puesto de acuerdo para presentar conjuntamente otro paquete de enmiendas que completan el proyecto de ley que se encuentra ahora mismo tramitándose en el Congreso. Entre otras cosas, ambos partidos pretenden reforzar el derecho de las víctimas menores de edad a ser escuchadas independientemente de la edad en todos los procedimientos de acreditación de la violencia.
En otras de las enmiendas ha colaborado el Ministerio de Igualdad junto con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y el Ministerio de Justicia. Entre ellas, como ya avanzó la ministra Irene Montero en el Congreso, se encuentra la introducción de un artículo a través del cual se pretende acabar con la aplicación del conocido como síndrome de alienación parental (SAP). El objetivo es además reforzar “las garantías de que las niñas y niños víctimas sean escuchados en todos los procedimientos que les afectan, con especialización, y adaptación de metodologías y espacios adecuados”.
A través también de un nuevo artículo sobre “la situación de la violencia en el ámbito familiar” se establecen, “de manera específica”, las obligaciones de los poderes públicos ante una situación de violencia de género en ese contexto. “Con ello se consolida la obligación de detección, derivación y asistencia especializada a los niños y las niñas que crecen en esos entornos”, explican desde Igualdad, que considera que el proyecto de ley abordaba la situación de ruptura familiar pero sin incluir ninguna mención expresa a los casos de violencia de género.
Con estas enmiendas se reforzaría la obligación de los jueces de suspender el régimen de visitas a un inculpado con orden de protección cuando haya indicios que los hijos e hijas han estado expuestos a violencia de género y para reforzar la prohibición de otorgar la custodia compartida, "ni siquiera provisionalmente", ante cualquier indicio de ese tipo.
Entre los cambios se incluye asimismo un nuevo apartado en el artículo 41 para que quede desarrollado "con mayor extensión" el derecho a la asistencia especializada para los menores de edad que sean víctimas de violencias sexuales.
