La Diputación de Salamanca está tramitando ya las subvenciones a las que se han acogido 191 municipios para financiar la instalación de los costes derivados de la adquisición e instalación de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) y la formación necesaria para su uso en municipios de menos de 2.000 habitantes de la provincia.
La ayuda es conjunta entre la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León que han destinado 520.000 euros a dicha subvención, aportados al 50 por ciento por ambas instituciones (260.000€), cuyos beneficiarios podían ser los Ayuntamientos menores de 2.000 habitantes que acreditasen los costes derivados de la adquisición e instalación, hasta el pasado mes, en el municipio de dichos desfibriladores de forma permanente y en lugares públicos de titularidad municipal visible y accesible para los ciudadanos, excepto en centros sanitarios.
Esta subvención forma parte del acuerdo y orden de la Junta de Castilla y León por la que establecía una concesión directa de subvención por importe de 1.586.000 euros a las Diputaciones Provinciales y al Consejo Comarcal del Bierzo para dicha instalación, otorgándole a la Diputación de Salamanca 260.000 euros, aportando la institución provincial la cantidad necesaria para llegar a todos los ayuntamientos solicitantes.
A dicha subvención se han acogido en plazo, finalmente, 191 municipios de la provincia de Salamanca que han recibido una ayuda que oscilaba entre los 1.410€ y 2.000€, lo que representa el 75 por ciento del coste realizado, siendo el máximo para subvencionar de 2.000 euros por DESA.
La concesión de esta ayuda directa por parte de las instituciones para dotar de desfibriladores a los municipios pequeños se justifica en que se considera oportuno que las entidades locales cuenten con al menos un DESA cuyo destino, por razones económicas y de eficiencia no solo es para los trabajadores municipales sino también para los trabajadores de su entorno rural y, por supuesto, para la población en general del municipio.
Los DESA adquiridos e instalados por los Ayuntamientos son conformes a las normas europeas y deben registrarse en la Junta de Castilla y León señalando su ubicación y el personal no sanitario que cuente con la formación necesaria para su uso correcto.
