Afectados por el concurso de acreedores de Gecobesa -"expoliados, según unos, o despojados ilegítimamente según otros"- han iniciado conversaciones con expertos en derecho penal y concursal con el objeto de entablar las acciones judiciales que correspondan, tras la anulación, por sentencia firme, del decreto firmado por Alejo Riñones que motivó el concurso y la posterior liquidación de la sociedad. Gecobesa fue la empresa encargada de la gestión de la Estación de Esquí La Covatilla-Sierra de Béjar.
Así lo explica un comunicado de Ciudadanos por Béjar que indica que, "tras ser anulada por sentencia judicial, con condena en costas para el Ayuntamiento bejarano, la liquidación de 618.000 euros, que en 2012 condujo a Gecobesa al concurso, se plantearán las posibles responsabilidades penales del, por entonces, concejal delegado de Hacienda, Raúl Hernández, que ordenó las liquidaciones, mediante providencia de fecha 6 de febrero de 2012 y del alcalde, Alejo Riñones, que firmó el Decreto el 15 de marzo del mismo año, haciéndolas ejecutivas".
De ser conforme la opinión de los letrados consultados, "se exigirá responsabilidad patrimonial a ambos, además de penal con carácter especial en su condición de cargos públicos, una vez acreditada la injusticia e improcedencia de reclamar dicha cantidad, con el consiguiente perjuicio causado, que deberá ser indemnizado. No sólo por la inversión perdida por Gecobesa, superior a los 17 millones de euros, sino también por el lucro cesante producido".
La reclamación se efectuará, presumiblemente en breve, "por la vía penal, antes de que puedan prescribir los presuntos delitos de prevaricación, con lo que, posteriormente, se abriría el procedimiento de reclamación civil".
