Rubén Martín Colorado, Kevin Blázquez Rubio, María Teresa Crego Cascón y Javier Hernández Carrión han expresado en una rueda de prensa conjunta su apoyo incondicional al alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín.
Un comunicado en el que han obviado las diferentes informaciones que vienen apareciendo en los medios de comunicación en las últimas semanas y las han tachado de “acusaciones y difamaciones que se han vertido por diversas personas de la opinión pública contra este equipo de Gobierno”.
Según los cuatro concejales se ha tachado de “dictador y mafioso” al alcalde por “amenazar y coaccionar a sus concejales a firmar un documento de confidencialidad”, asegurando, así mismo, que al menos ellos lo hicieron de forma totalmente voluntaria: “Queremos aclarar y dejar constancia que en ningún momento ninguno de los concejales del Equipo de gobierno hemos sido obligados ni amenazados a firmar ningún documento y no hemos sido coaccionados nunca por nuestro alcalde”.
Un documento expresamente interno, “no ha sido testado por ningún notario ni lleva sellos de alcaldía o del PP o Vox” pero que contaba con la amenaza de una multa de 500.000 euros si no se cumplía, pero que también ha desaparecido del despacho del alcalde, según ha expresado Javier Hernández Carrión.
Sobre este documento no han precisado más información, pero sí han asegurado que les preocupa que haya llegado a la prensa o al PSOE. Precisamente, sobre los socialistas también han tenido palabras, pero no por algo relacionado con la ciudad textil: “Nos gustaría saber qué documento han firmado los concejales de la Agrupación Socialista Bejarana para estar a favor de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía”.
De esta forma, los concejales populares han mostrado su apoyo al alcalde de Béjar, pero no han hecho declaración alguna sobre el resto de polémicas en las que se relaciona el nombre de Luis Francisco Martín, como la factura de una asesora sin estar dada de alta en la Seguridad Social o las afirmaciones de un alto cargo de los Carabineros de Chile que relacionaban al asesor del alcalde -quien supuestamente advirtió a los concejales en la firma del documento que perderían sus funciones de no hacerlo- con una red internacional de narcotráfico.
