Ciudadanos por Béjar y Comarca (CxByC) ha emitido un comunicado en el que informa que presentará, una vez pasado el Estado de Alarma, una querella contra el exalcalde y actual concejal, Alejo Riñones Rico, por presunta prevaricación. Solicitarán su inhabilitación por un periodo de nueve años “a fin de evitar que sus acciones negligentes y abuso de derecho sigan provocando la sangría de miles de euros al ayuntamiento.
El motivo es la constatación de “la omisión consciente por su parte del obligado cumplimiento de las medidas previstas en la D.I.A. que afecta a la estación de esquí `Sierra de Béjar-La Covatilla´, de titularidad y gestión municipal”.
La Resolución dictada por el Procurador del Común con fecha 24/04/2020, a partir de la queja presentada ante su oficina por esta formación política el día 31 de enero de 2019, señala de manera inequívoca que la Corporación presidida por Alejo Riñones ignoró requerimientos y pretendió camuflar o excusar la irregularidad cometida.
Según explican desde CxByC, “el ayuntamiento de Alejo Riñones no presentó nunca los preceptivos informes de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental, porque no podía informar de algo que nunca hizo. Cuando le solicitamos formalmente el documento en 2018, conscientes de que no podía aportar algo inexistente, se abstuvo de contestar desacatando, conscientemente, la Ley de Transparencia. De hecho, en la exposición de motivos de la Resolución se alude a esta circunstancia.
En palabras de la formación, esto pone de manifiesto, “además de las posibles responsabilidades penales, las de tipo moral en relación con la continua campaña de desprestigio y descalificación gratuita, cuando no posible difamación, suscitada muchas veces por las declaraciones públicas del Sr. Riñones como alcalde, hacia una empresa concesionaria, apoyada y sufragada por la aportación de muchos ciudadanos, que merece más respeto, ya que fue capaz de levantar su fallido proyecto del telesilla, tras pasar dos inviernos abandonado (porque no sabía qué hacer con él) convirtiéndolo en una auténtica estación de esquí (que él ha malbaratado) formando un destacado equipo de profesionales (que él ha deshecho y dispersado) y que actuaba siempre dentro de la legalidad, cumpliendo todas las normas. Él no puede decir lo mismo”.
Continúan asegurando que “su comportamiento, además, comportará, como indica la Resolución, la incoación de un expediente sancionador, ya que queda acreditado que desde 2014, no sólo no se ha presentado el informe, aun siendo requerido expresamente, sino que se ha venido incumpliendo reiteradamente la norma ambiental. ¿Tendremos que pagar los ciudadanos estos platos rotos? ¿Lo va a pagar Alejo? Una vez más se hace necesaria la petición de responsabilidad patrimonial”.
Esperan asimismo, que con las pruebas documentales aportadas por el Servicio Territorial de Medio Ambiente y el informe del Procurador del Común, la fiscalía se pronuncie en defensa de la Ley y el Derecho en todo lo que afecta a las garantías que afectan a todos los ciudadanos, tal y como se refleja en el texto que motiva la Resolución.
