El portavoz de Universidades del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Fernando Pablos, se ha opuesto a cualquier medida que suponga la supresión de títulos universitarios que en la actualidad imparte la Universidad de Salamanca en el campus de Béjar, al igual que a la eliminación de otras titulaciones del resto de Universidades de la Comunidad, tal y como ha propuesto el presidente del Consejo de Cuentas autonómico en la Comisión de Economía de Hacienda de la Cámara regional a donde ha acudido para explicar su informe sobre la fiscalización de las universidades públicas.
En su intervención, Pablos se ha mostrado contrario a la recomendación hecha por el Consejo de Cuentas para reordenar el mapa de titulaciones por el número de primeras matrículas, y al consejo realizado por su presidente, tanto a la Junta como a la Universidad de Salamanca, para eliminar las titulaciones de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica, Industrial y Automática que actualmente imparte en Béjar por tener un número de alumnos que ha considerado insuficiente para mantener su actividad.
Un requerimiento o recomendación que, según el informe del Consejo de Cuentas, también extiende a los grados de Historia, Lengua Española y Literatura en León; Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Segovia; Turismo en Ávila y Segovia; Administración y Dirección de Empresas en Soria y Segovia y Educación Infantil en Ávila, Zamora y Segovia.
Pablos ha explicado que la oposición del PSOE a esta medida está basada en el convencimiento que tienen los socialistas en que “la Educación Superior debe tener en cuenta la rentabilidad social de la universidad en las capitales de provincia con campus asociados a las cuatro universidades públicas de la Comunidad, y principalmente en Ponferrada y Béjar, donde los estudios universitarios deben ser un factor fundamental en la lucha contra la despoblación”.
A lo que ha añadido, como es el caso de Béjar que “el número de alumnos no debe ser un elemento que condicione la continuidad de estas titulaciones al ser un elemento fundamental en la vertebración territorial, un impulso económico y social en las zonas donde se imparten, y con gran incidencia en la lucha contra la despoblación”.
En relación al impacto que los recortes aplicados por el gobierno del PP ha tenido en la economía de las Universidades públicas de la Comunidad, Pablos también ha sido tajante, y ha denunciado que, “si se toma como referencia lo aportado en el año 2011, las Universidades públicas de la Comunidad han dejado de recibir, o han recibido 136 millones de euros menos en transferencias del Estado entre ese año y el 2015. Por universidades la Universidad de Burgos ha visto recortadas sus transferencias de forma acumulada en el periodo 2012 – 2015 en 7 millones de euros; la Universidad de León en 21 millones de euros; la de Salamanca en 59 millones de euros y la de Valladolid en 59 millones de euros”.
Por el contrario, para compensar esta disminución de ingresos, ha continuado el Procurador socialista salmantino, “la Junta decidió que las tasas de Castilla y León se disparasen hasta situarse en las terceras más caras de España. Así en concepto de tasas, precios públicos y otros ingresos, donde la mayor parte lo aportan las familias de los estudiantes de nuestras universidades, el incremento total en el mismo periodo (2012-2015) por parte de las Universidades públicas ha sido de 80 millones de euros”.
El portavoz del PSOE en materia de Universidades se ha reafirmado en que la posición de los socialistas en este sentido ha sido la misma que “planteamos cuando se produjo la subida de tasas en el curso 2012-2013. Esta subida, junto a la disminución de las becas del Estado es el mayor ataque a la igualdad de oportunidades en el acceso a la Educación Superior desde la aprobación de la LRU”.
Para concluir, Pablos ha recordado que los socialistas hoy siguen defendiendo que “las tasas universitarias, que también repercuten en el número de jóvenes de otras provincias que se desplazan a Castilla y León a estudiar, se sitúen en la media de España, y que la Junta compense, vía transferencia corriente, la pérdida de ingresos que esta decisión acarrea para las universidades”.
