Berkeley Minera, la empresa encargada de la mina de Retortillo, ha salido al paso de las informaciones publicadas en diversos medios que aseguraban que el Consejo de Seguridad Nuclear ha decidido paralizar la tramitación de los permisos de construcción de la misma.
Según esta empresa, comenta que "es rotundamente falso" este hecho y aclara en un comunicado que "lo único que pidió, en julio de este año, es más información sobre el proyecto" por lo que "a la espera de la misma, paralizaba en julio el expediente de tramitación", algo que ya ha sido subsanado, dicen, al haber facilitado la información solicitada.
Pese a que estos medios comentan que el propio supervisor del CSN tiene "importantes dudas sobre la futura gestión de los residuos", desde Berkeley aclaran que el órgano es consultivo y que "en ningún caso tiene potestad para paralizar el proyecto", algo que le corresponde al Ministerio para la Transición Energética.
Por otro lado, y ante las informaciones versadas, la empresa dice que los "desechos de la mina, al contrario de lo que se afirma, no son desechos radiactivos comparables a los provenientes de una instalación nuclear como los previstos en el proyecto de Villar de Cañas, si no desechos naturales con contenidos radiológicos no procesados" y que, además, no se "traerán desechos procedentes de instalaciones radiactivas ubicadas en otros emplazamientos":
Por último, y según sus propias palabras, la compañía reitera su confianza en que el proyecto de la mina sea un realidad en breve, "generando una inversión superior a los 250 millones de euros y más de 2.500 puestos de trabajos directos e indirectos en la zona" y afirma, además, que cuenta con un "importante respaldo de la ciudadanía, como ha quedado de manifiesto en las últimas concentraciones realizadas y con la obtención de más de 1.500 firmas".
Desde Equo, sin embargo, ante las informaciones, ha mostrado su satisfacción por esa presunta paralización y Gabriel Risco, miembro del partido, considera que la "decisión es un éxito", algo que también resalta la coportavoz, Marta Santos, que consideraba que "llevamos 10 años peleando para que este proyecto se entierre definitivamente y lo estamos consiguiendo”.
