En los últimos meses, el senador de Compromís Carles Mulet ha dirigido varias peticiones al alcalde de Retortillo para que le hiciese llegar una serie de documentación referente al proyecto de mina de uranio que plantea la empresa australiana Berkeley en Retortillo, de cara a poder ser evaluada y comprobar si todo es conforme a la legalidad vigente.
Ante este requerimiento formal, comentan, desde el Consistorio retortillano no se ha aportado ninguna de la documentación solicitada para su evaluación desde el Senado, habiéndose alegado en todos los casos, para desoír la petición, carecer de secretario-interventor así como de medios materiales o humanos.
En este sentido, el senador Mulet indica que “ninguna de las excusas esgrimidas se sostienen ni tienen fundamento mínimo para permitirle el incumplimiento de la legalidad”, indicando que se da un caso de reiteración en la negativa, pues han sido varias las veces que se le ha pedido documentación, en los que “la negativa a aportar la documentación ha sido total, sin ningún gesto de buena voluntad que hubiera podido entenderse, que hubiera podido ser aportar solamente parte de la documentación, pedir tiempo para poder aportarla, etc.”
Dada esta negativa, se ha estimado que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de desobediencia a la autoridad en cuanto que no se ha atendido una petición de documentación dictada por el presidente del Senado, cuarta máxima autoridad del Estado.
Asimismo, según se desprende de la denuncia presentada ante la Fiscalía, se señala que el alcalde de Retortillo podría estar también incurriendo en un caso de delito de prevaricación urbanística, dado que la empresa Berkeley ha estado meses llevando a cabo obras preparatorias para la mina, y para las cuales no tendría permiso.
Por todo ello, el senador Carles Mulet ha solicitado a la Fiscalía Provincial de Salamanca que analice los hechos e inicie las diligencias pertinentes, de cara a evaluar si se ha incurrido en sendos delitos de prevaricación urbanística y desobediencia a la autoridad, con la interposición en ese caso de las penas o multas que se estimen oportunas conforme a la ley.
