Según el expediente 17021897 abierto por el Defensor del Pueblo ante una serie de denuncias de Compromís desde el Senado sobre el proyecto de la mina de Uranio de Retortillo en Salamanca, este organismo ha solicitado a la Confederación Hidrográfico del Duero, revisar la autorización otorgada el 9 de mayo de 2016, “ incluyendo en la misma las consideraciones emitidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre el Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental (PVRA) y el Programa de Vigilancia y Control de las Aguas Subterráneas (PVCAS) presentados por la empresa Berkeley”.
Igualmente, ha pedido a la Confederación saber si con posterioridad de la autorización de vertido se recibió o se recabó nuevo informe del CSN sobre esta cuestión, y qué resultados han aportado los controles analíticos realizados.
El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet a instancias de Stop Uranio registró una queja porqué en 9 de mayo de 2016 la CHD autorizó el vertido de aguas residuales de las instalaciones de la mina de uranio en el rio Yeltes y el arroyo de Caganchas. Un vecino y el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes, habían puesto unos recursos de reposición rechazados por la CHD, ahora, después de recabar diversos informes, el Defensor del Pueblos solicita revisar la autorización.
Desde Compromís, se va a pedir igualmente por vía parlamentaria a la CHD cumplir con esta petición del órgano consultivo. Según Mulet “desde el principio este proyecto no cuenta con las mínimas garantías de seguridad, obras sin licencias (como las carreteras de acceso) talas masivas de encinas para una obra que no cuenta con los permisos preceptivos, y todo ello bajo una campaña de acoso judicial contra los vecinos activistas contra el proyecto (denuncias que se acaban archivando todas), todo ello bajo la ley del silencio con la compra de voluntades por parte de la multinacional, en todos los extremos posibles, a pesar de ello, el clamo no ha dejado de agrandarse, llegando hasta el parlamento portugués mientras el Gobierno Español remite toda la responsabilidad a la Junta de Castilla y León, que calla y otorga”.
