La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, ha copresidido es lunes junto con el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias Caridad, la reunión de la Junta Local de Seguridad del municipio, en la que además han estado presentes la jefa de la Unidad de Violencia sobre la mujer de la Subdelegación, Raquel San Felipe, así como responsables de la Guardia Civil, de Policía Local, y otros miembros de la Corporación.
En la reunión se ha aprobado el Protocolo Operativo de Colaboración y Coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. El objetivo es continuar con la protección y seguimiento de las víctimas de violencia de género en el municipio, dentro del Sistema VioGÉN, una vez que se ha renovado el Convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo que fue introducido en 2020 y que ya ha sido actualizado al nuevo Sistema VioGén 2. Este nuevo protocolo incorpora mejoras de carácter técnico y funcional a distintos niveles. El documento ha sido acordado y firmado además de por la subdelegada y el alcalde, por el Teniente Coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, Arturo Marcos, y el Jefe de la Policía Local de Ciudad Rodrigo, Narciso Caridad.
La subdelegada ha resaltado la importancia de la colaboración entre distintas Administraciones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para seguir avanzando en la lucha contra la violencia machista. Ha destacado la importancia de la firma de este protocolo cuyo objetivo principal es “proteger a las víctimas y evitar los casos de violencia de género”.
Las Juntas Locales de Seguridad constituyen órganos de coordinación operativa e informativa que facilitan cauces de canalización que permiten la colaboración de los sectores sociales e institucionales afectados en la correcta planificación de la seguridad pública, lo que redunda, sin duda, en un mayor acercamiento entre la sociedad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, consecuentemente, en una mejor protección por éstas del libre ejercicio de los derechos y libertades públicas reconocidos constitucionalmente.
