El pasado 16 de marzo de 2017, la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha emitido una nueva sentencia en la que confirma la del Juzgado Contencioso Administrativo de Salamanca, del día 30 de junio de 2016, en relación con el recurso interpuesto por un particular contra la resolución de la Alcaldía de Ciudad Rodrigo por la que se otorga licencias urbanística y ambiental para la instalación de Velatorio-Crematorio en el Camino del Cementerio, 54. La sentencia, una vez que adquiera firmeza, supondrá anular la licencia urbanística y ambiental de la instalación y condena en costas a los recurrentes (el empresario y el Ayuntamiento).
IU-En Común considera que esta sentencia “vuelve a demostrar que los vecinos de la zona, organizados en Plataforma de Afectados por el Crematorio, y que contaron desde el primer momento con el apoyo de nuestro grupo municipal, tenían razón al considerar inapropiada la ubicación del crematorio”.
Hacer historia
Asegura la formación que a la hora de analizar lo sucedido es imprescindible hacer historia. “Desde que se conoció la pretensión del anterior Equipo de Gobierno de otorgar esta licencia comenzó a haber un importante movimiento ciudadano y político”, explican y recuerdan que fueron los únicos que presentaron alegaciones al proceso y que acompañaron a las de la Plataforma y el movimiento ecologista.
Tampoco hay que olvidar, subrayan, que han sido muchas las advertencias sobre la falta de idoneidad de la ubicación. Así, todas las alegaciones presentadas tanto por Izquierda Unida, la Plataforma de Afectados, los ecologistas y los particulares hacían referencia a cuestiones de carácter urbanístico y ambiental, indicando la necesidad de que este tipo de instalaciones no se sitúen en entornos residenciales, por sus potenciales peligros para la salubridad pública. Pero es que incluso el informe ambiental de la Junta de Castilla y León, siendo favorable, planteaba serias dudas sobre la ubicación de la instalación. “En aquel momento ya avisamos de que ese informe debió ser concluyente, o haberse solicitado una aclaración”, precisan.
La realidad es que, llegados a este punto, lamentan, “el actual Equipo de Gobierno va a tener que gestionar una situación con consecuencias impredecibles”. “Sin haber generado el problema, estamos en la obligación de intentar resolverlo con las menores consecuencias negativas para el Ayuntamiento y, por tanto, para el conjunto de la ciudadanía, sin menoscabo de que cualquier solución debe pasar por el cumplimiento de la sentencia. Nuestra postura, en este proceso, estará siempre del lado de la legalidad y de los intereses generales del municipio”, concluyen.
