La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca se ha reunido este jueves para aprobar la autorización de uso excepcional en suelo rústico de la mina de uranio de Retortillo.
Esta decisión supone que la empresa Berkeley Minera puede comenzar la construcción de las instalaciones mineras del proyecto. Desde la compañía reciben esta decisión con satisfacción, "al confirmar el excelente trabajo que se ha llevado a cabo durante estos diez años. Esta resolución confirma nuestra inversión en el proyecto, lo que nos permite acelerar nuestro proceso de contratación, creando más de 2.500 empleos directos e indirectos en una región que padece altos niveles de desempleo".
Añade Berkeley que hasta la fecha ha invertido más de 70 millones de euros en el proyecto, "con los más altos estándares de calidad en materia de medio ambiente, salud y seguridad, y continuaremos en esa línea, con la idea de invertir más de 250 millones de euros en los próximos años".
Por su parte, desde la plataforma ciudadana Stop Uranio advierten que se hace "en base a que se considere de interés público el proyecto minero. Qué gran contradicción, precisamente ahora que muchos ayuntamientos de la zona, la mayoría gobernados por el PP, se han posicionado claramente en contra de la mina, la Administración Regional les da la espalda y considera que tiene interés que se instale la única mina de uranio de Europa en el Campo Charro".
Recuerda Stop Uranio que el único ayuntamiento que está a favor de la mina es Retortillo, "cuyo alcalde tiene una denuncia por presunta prevaricación, por supuestamente favorecer a la empresa minera. También tienen pendiente una querella los anteriores responsables de ese ayuntamiento durante la legislatura anterior, todavía no resuelta por el Juzgado de primera instancia e instrucción de Ciudad Rodrigo. ¿Son conscientes en la Junta de Castilla y León de que van a asociar el nombre de Salamanca con la localización de un depósito de residuos radiactivos? ¿Seguro que no se van a ver perjudicadas otras actividades por esa ubicación tan cuestionada en toda Europa?".
Mientras, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) también se opone a la consideración de interés general con la que la Dirección General de Industria, Energía y Minas cataloga esta explotación de uranio. “Entendemos que se contrapone con intereses que afectan a terceros, en algún caso, y que conlleva una serie de efectos secundarios en su explotación, que aún están pendientes de valorar y que creemos importante tener en cuenta, a medio y largo plazo, una vez que comience la extracción de este mineral”, afirma el secretario provincial del sindicato, Emilio Pérez.
Y aclara que “en ningún caso nos oponemos a la apertura de cualquier centro de trabajo en nuestra provincia ni a cualquier fuente de desarrollo económico en esta comarca, pero sí que manifestamos nuestra oposición por la incertidumbre que sobrevuela sobre las consecuencias posteriores, contaminación ambiental, acústica y de las aguas de la zona”.
Por otro lado, UGT Salamanca, a través de un comunicado, ha mostrado sus dudas sobre la capacidad de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo para llevar a cabo el pronunciamiento formal en este caso, prefiriendo que hubiera sido un órgano superior "debido a su alcance, repercusión y controversia social generada".
Del mismo modo, UGT considera que no puede haber un pronunciamiento formal en este sentido en base al interés público sin tener en cuenta la opinión de dos alcaldes en representación de una veintena de municipios afectados, que expusieron el 25 de mayo en la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo los motivos por los que no debe ser considerado el proyecto de interés público. Además, UGT advierte que estará vigilante en favor de los derechos de los trabajadores de esta minera.
Otras opiniones en contra
Para Ignacio Paredero, secretario de Podemos Salamanca, “es incomprensible que la Junta apoye un proyecto contrario a la salud de la ciudadanía salmantina, a nuestra ganadería extensiva y a los productos de nuestra tierra, sin escuchar a nadie, incluidos los alcaldes de la zona, muchos del Partido Popular”.
A su vez, Francisco Javier Herrero Polo, coordinador de Izquierda Unida Salamanca, considera que "una vez más los responsables institucionales del PP en Castilla y León velan por oscuros intereses, en este caso los de la minera australiana, y no podemos si no preguntarnos cuales son las posibles contraprestaciones”.
Y Manolo Serrano, portavoz de Equo, añade que “hoy el lobby minero ha hablado por boca de los políticos y funcionarios de la Junta imponiendo su "interés" frente al interés público medioambiental de rango constitucional: en Equo no olvidaremos esta afrenta”.
