El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha remitido una nota de prensa apuntando que hace unos días Marcos Iglesias, alcalde de la ciudad, visitaron las obras que se estaban ejecutando en el adarve, en el terraplén de la muralla entre la Brecha Grande y la Puerta del Conde. Según la formación, anunciaron una solución consensuada con las empresas implicadas en la ejecución de la misma, ya que había serias discrepancias, en tiempo y forma, con lo que fue el proceso de licitación, su resolución y posterior ejecución.
Fue una visita, añade el PSOE, que sirvió para “propalar algunas anomalías en la referida actuación a través de los medios de comunicación, todo ello antes de que los representantes de los partidos de la Oposición tuvieran conocimiento de la resolución ya firmada por el alcalde anunciando el acuerdo con el adjudicatario de la licitación para rescindir el contrato, que coadyuvó en su día en una subcontrata, sin penalización alguna”.
El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias Caridad, en varias comisiones informativas municipales había anunciado el incumplimiento de los pliegos técnico y administrativo por las empresas vinculadas a la ejecución de la susodicha obra del adarve de la muralla, esgrimiendo que prefería llegar a un acuerdo entre partes antes de concurrir a un proceso litigioso, aunque era evidente que habría razones para ello, recoge el Grupo Socialista en su nota.
Al final, añade el PSOE, el alcalde plasmó en una resolución el sentido de las conversaciones mantenidas con las empresas implicadas para alcanzar un acuerdo, reconociéndoles una ejecución de obra próxima al 80 por ciento en virtud de las certificaciones concertadas, pero sin ninguna contraprestación o contrapartida por los manifiestos incumplimientos de los pliegos que facilitaron la adjudicación de la obra.
A su vez, continúa el comunicado, justificaba en parte el retraso en la ejecución de los trabajos por la aparición de restos arqueológicos, especialmente los vinculados al antiguo Palacio de las Amayuelas, junto a la puerta del mismo nombre, y anunciaba que sería personal del propio Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo el encargado de rematar las obras, siempre vinculando a la disponibilidad de los referidos trabajadores municipales. Y, por otra parte y a la espera de que se entregasen las obras y certificadas por los técnicos municipales, se decidió facilitar el acceso por la zona afectada por los trabajos a cualquier persona, explica el PSOE.
Ante esta situación, denuncia el Partido Socialista en dicho comunicado, “parece evidente una serie de anomalías”. Por un lado, aseguran que no hay certificación final de los trabajos ejecutados y acordados con la empresa adjudicataria, por lo que no hay recepción de las obras. Por ese motivo, como ya se expresó en una comisión informativa, “es un riesgo abrir al tráfico peatonal la zona en obras, porque cualquier contingencia negativa supondría para el Ayuntamiento la correspondiente reclamación patrimonial, algo a lo que ha hecho caso omiso el equipo de gobierno retirando el vallado de acceso y limitando el mismo a la zona en la que aparecieron restos arqueológicos, pero sin la correspondiente y preceptiva señalización”.
Por otro lado, el Grupo Socialista califica de “llamativo” que en la resolución se haya optado por un acuerdo amistoso, cuando los incumplimientos por la empresa adjudicataria y su subcontrata son más que evidentes, tanto en el pliego técnico como administrativo, lo que pone de manifiesto, al menos siembra la duda, con supuestos intereses en alcanzar el entendimiento antes de exigir responsabilidades. “Esperemos que no se trate de un acuerdo asentado en el denostado clientelismo político”, dicen.
Además, el PSOE apunta que es evidente que, aunque así lo permita la legislación aplicable en el sector de contratos públicos de la administración, ha habido un claro incumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicataria y la subcontrata que ha ejecutado la mayor parte de la expresada obra. “No parece lógico concurrir con lo que antes se denominaba baja temeraria a una licitación que, aunque pueda justificarse en su momento, parece claro, por la ilación de hechos, que no ha respondido a la realidad, con todos los perjuicios que suponen para las otras empresas concurrentes a la licitación. No es asumible que se adjudique una obra con una baja temeraria y que, al cabo de un tiempo, por intereses inconfesables, tras distintos incumplimientos, se abandone su ejecución sin que la administración afectada imponga una sanción o penalización”.
Finalmente, el comunicado concluye que “sería deseable que desde la correspondiente administración pública, en este caso la municipal, se estudie la fórmula que impida a estas empresas incumplidoras volver a presentarse a una licitación en su ámbito de acción por todos los perjuicios propios y ajenos que acarrean”.
