Stop Uranio ha salido al paso de la X Semana Verde USAL que la institución académica celebra desde este lunes bajo el lema 'turismo sostenible'. Para la Plataforma esto supone un doble rasero ya que "ahora que la empresa Berkeley está devastando una parte del campo salmantino, la Universidad de Salamanca recomienda hacer turismo por nuestra provincia".
Según comentan en una nota de prensa, debido a esto y a la incertidumbre que hay sobre el proceso y el papel de la Universidad de Salamanca en ello, han pedido reunirse con responsables de la institución. "En febrero escribimos al rector y a principios de marzo al vicerrector de Investigación y Transferencia pero no han tenido a bien tener un encuentro con la Plataforma para explicarnos por qué la Oficina Verde no cuestionó este proyecto al ser consultada en la Evaluación de Impacto Ambiental efectuada".
Se quejan, de hecho, de que haya tenido que ser la Universidad de Castilla La Mancha la que ha tenido que decir que la mina es incompatible con el espacio natural salmantino, a la vez que poner de "manifiesto contradicciones y errores realizados en la evaluación de impactos y declaración de impacto ambiental". "El proceder de la Universidad de Salamanca puede haber estado condicionado por la vinculación de Berkeley con Iberdrola y que José Ignacio Sánchez Galán sea el Presidente del Consejo Social de la Universidad", comentan.
Respecto a la Semana Verde, "conviene decirle a la Universidad que el establecimiento hotelero con más camas de toda la provincia de Salamanca es el Balneario de Retortillo. No sabemos qué pensarán los clientes habituales del Balneario cuando vayan a dar un paseo por los alrededores y se encuentren con que ha desaparecido el arbolado que existía. Se dice muchas veces que la Universidad vive a espaldas de la sociedad, pero en este caso lo que está haciendo la Universidad de Salamanca es actuar en contra de la sociedad", concluyen.
El consejero de Medio Ambiente se pronuncia
Sobre la mina de uranio de Berkeley también se ha pronunciado este lunes el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien remarcó que la administración regional se rige “por la legalidad más estricta”.
Quiñones explicó que Berkeley “pidió permisos y los obtuvo gracias a la Declaración de Impacto Ambiental favorable”. Ahora, precisó, “está pendiente la licencia de uso excepcional de suelo rústico; estamos en ese trámite”.
La Declaración de Impacto Ambiental está bajo la lupa “para ver si se cumplen los parámetros”, puntualizó el consejero y advirtió que, “de no ser así, se tomarán medidas”. De igual modo, remarcó que la vía judicial “también está a disposición de quienes creen que se vulnera la norma” en relación a las protestas de los diferentes colectivos ecologistas.
Entendemos, apostilló el consejero, “que todos los aspectos que afectan al ciudadano está en los parámetros legales”.
