Jesús Cruz, vecino de Boada, natural de Retortillo y activista de la plataforma Stop Uranio, ha denunciado en los juzgados a la Diputación de Salamanca para reclamar la nulidad del convenio por el cual se modifica el trazado de la carretera que discurre desde la localidad de Retortillo hacia el balneario, por supuestamente favorecer a la empresa minera que tiene previsto poner en marcha un proyecto en la provincia.
La cesión de la actual carretera de titularidad provincial supone una alteración de dicho tramo, que pasa de ser de dominio público a patrimonial. El recurso contencioso judicial presentado pide la nulidad del convenio que permite este cambio de titularidad. En él se incluye como contraprestación la recepción, por parte de la Diputación, de una carretera de nueva construcción sobre un terreno privado, a la que llaman “variante”, que requerirá pasar a una nueva calificación como bien de dominio público. Según el denunciante, se producen dos alteraciones de calificación jurídica de bienes en un solo acto, lo que debería invalidar automáticamente el convenio.
En el recurso se expone que “los bienes de dominio público son inalienables” y “las enajenaciones de bienes cuyo valor exceda del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto deben ser acordadas con el voto favorable de la mayoría absoluta del número de miembros de la Corporación”.
A este respecto, el portavoz del grupo Ganemos Salamanca en la Diputación, Gabriel de la Mora, asegura que no le consta la existencia de ningún informe de valoración que permita evaluar si este recurso público se ajusta a ese marco legal y económico, por lo que esta cesión “se ha realizado de manera unilateral y es inválida jurídicamente”. De la Mora ya elevó un recurso administrativo por esta misma cuestión, después de advertir al gobierno provincial de que la empresa había iniciado los trabajos de la carretera incluso antes de la suscripción del convenio y sin licencia municipal, lo que supuso la paralización de los trabajos este verano.
Desde Ganemos Salamanca se considera grave “que la Diputación, con su presidente al frente, se haya saltado la protección del interés público”, pues en las alteraciones de la calificación de los bienes ha de acreditarse no solo la legalidad, sino también la oportunidad política o satisfacción del interés general. “Ha primado el interés privado de una empresa que pretende enriquecerse con la explotación de los recursos naturales, recursos que son de la colectividad, frente a intereses públicos superiores como la seguridad vial, la protección de la salud, el cuidado del medio ambiente o la preservación del patrimonio natural”, asevera el diputado.
Jesús Cruz, como vecino y destacado activista ecologista, ha dispuesto del servicio jurídico ofrecido por la agrupación ciudadana Ganemos Salamanca dentro del proyecto denominado “Ganemos con Justicia”, cuyo fin es luchar contra la corrupción en el ámbito local. Y es que la Diputación no admitió su recurso administrativo por considerarlo no interesado en el asunto y entender que había sido presentado fuera de plazo, cuestiones que también se recurren en el procedimiento judicial abierto.
