El Grupo Parlamentario de Podemos en las Cortes de Castilla y León ha denunciado este lunes “la dejadez de funciones por parte del Ayuntamiento de Garcibuey, la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León” porque, según dicen, estas administraciones están permitiendo que la citada localidad lleve 16 meses sin celebrar plenos por no tener secretario-interventor.
Isabel Muñoz, procuradora por Salamanca, ha hecho una pregunta a la Junta de Castilla y León sobre las medidas que va a tomar “ante la esperpéntica situación que pone de relieve el desgobierno del Partido Popular en nuestra Comunidad Autónoma del cual son buenos conocedores, ya que Desiderio Fonseca, concejal del Ayuntamiento de Garcibuey por el partido 'Grupo Independiente de Garcibuey', lo ha denunciando desde el primer momento”.
Con fecha de 13 de marzo de 2017, en contestación a la carta enviada por el citado concejal a la Diputación de Salamanca, se le informa de que son conocedores de la situación y que han tratado de paliar el problema con la concesión de dos comisiones circunstanciales de secretario-interventor en dos ocasiones, pero que no pueden hacerlo más, porque su departamento de asistencia a municipios no puede prestar nunca este servicio cuando la plaza está vacante.
En la citada contestación, la Diputación de Salamanca le dice al concejal de Garcibuey, "que es la Junta de Castilla y León, la administración competente en materia de nombramientos, inspección y ceses de secretarios se refiere y no la Diputación Provincial por lo que sería conveniente que se dirijan a esa entidad al respecto".
Desiderio Fonseca también notificó la ausencia de plenos en el Ayuntamiento de Garcibuey al Procurador del Común, que dictó la siguiente resolución con fecha de 11 de agosto de 2017: "Deben requerir, si fuera preciso, de forma circunstancial los servicios de Asistencia de la Diputación Provincial de Salamanca para la realización de labores que no puedan ser aplazadas y deban de ser desempeñadas por funcionarios de habilitación de carácter nacional, y en cualquier caso para proceder a la convocatoria y celebración de las sesiones ordinarias del Pleno".
El Procurador del Común resalta en su informe que la ausencia de este funcionario, secretario-interventor, no puede paralizar la actividad municipal en ningún caso, mucho menos justifica la falta de convocatorias de sesiones, cuya celebración se exige con carácter imperativo, a pesar de hallarse en curso el procedimiento para nombrar con carácter interino al funcionario habilitado para desempeñar esas funciones (publicación BOP nº 88 de 11/05/2017).
A juicio de la procuradora de Podemos, “la falta de funcionarios y otros trabajadores públicos por los recortes y una manera caciquil y clientelista de entender la gestión política están provocando que se vivan en muchos de nuestros pueblos gobernados por el Partido Popular situaciones como esta”. “No debemos olvidar que en mayo, cuando la Junta sacó la convocatoria de un funcionario interino ya hacía un año que en Garcibuey no se celebraban plenos y la Ley de Régimen Local, es muy clara a este respecto. En el punto 2 del artículo 46, recoge que en las localidades con menos de 5.000 habitantes, como es el caso, los plenos tienen que celebrarse cada tres meses, independientemente de los que se puedan convocar de forma extraordinaria".
En opinión de Podemos, “a los vecinos de Garcibuey les da igual que sea la Diputación o la Junta de Castilla y León quien les dote de secretario-interventor, lo que quieren es que se cumpla la ley y se celebren plenos ya, sin que se tenga que esperar a que se resuelva la convocatoria”.
