En septiembre de 2017, la procuradora de Podemos por Salamanca en las Cortes de Castilla y León, Isabel Muñoz, a instancias del concejal de la agrupación ciudadana Grupo Independiente de Garcibuey, Desiderio Fonseca, preguntó a la Junta de Castilla y León, por ser competencia suya, sobre la provisión de los puestos de trabajo de carácter temporal en las corporaciones locales y por el “manifiesto incumplimiento” de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. En esta se recoge la obligatoriedad de celebrar plenos cada tres meses, algo que atañe a la falta de secretario en el Ayuntamiento de Garcibuey. En este mismo sentido, ya se había pronunciado el Procurador del Común en Resolución del 11 de agosto de 2017.
La contestación dada por la Junta de Castilla y León cargaba la responsabilidad a la Diputación Provincial, manifestando que había tomado cuantas medidas y actuaciones le correspondían legalmente, ya que había habido una convocatoria en mayo de 2017 y los aspirantes seleccionados habían renunciado y que se encontraba a la espera de que se presentara una nueva convocatoria para la provisión de secretario.
A juicio de Isabel Muñoz, la situación es a día de hoy “todavía más esperpéntica que en aquel momento y aún más preocupante”, ya que en octubre de 2017 se convocó con carácter urgente y extraordinario un pleno en Garcibuey, asistido de forma accidental por el secretario anterior y se tiene que suspender por falta de quórum: solo asistieron el alcalde, el secretario accidental y Desiderio Fonseca del Grupo Independiente de Garcibuey. El resto de concejales, todos pertenecientes al Partido Popular, no asistieron.
Como uno de los puntos de ese pleno que no se llegó a celebrar, relativo a la ampliación de los planes provinciales, precisaba de aprobación antes del 7 de noviembre, el alcalde decidió aprobarlo por una vía “cuanto menos de dudosa legalidad democrática”, porque en palabras de Desiderio Fonseca, “se dilapida el sentido de los plenos municipales al hurtarse el debate a los representantes de otras opciones políticas”. Así las cosas, el Procurador del Común ha reabierto el expediente.
Conviene tener presente, apunta Isabel Muñoz, que la ausencia de plenos en Garcibuey ha impedido que se realice la auditoria aprobada por la actual Corporación y que fue refrendada por el pueblo, respecto al gobierno de la anterior legislatura. Ahora mismo, la documentación sobre esta auditoría está en posesión de la empresa que iba a realizarla, sin que los miembros de la Corporación municipal sepan a qué atenerse.
La procuradora de Podemos acusa al Partido Popular de “incompetencia” en todas las Administraciones en las que gobierna, falta de responsabilidad y menoscabo democrático en el funcionamiento de las corporaciones locales para perjuicio de los habitantes de las localidades afectadas.
