En este último año la contaminación del aire por ozono ha presentado un repunte en toda Castilla y León a consecuencia del efecto del cambio climático. Así lo manifiesta el informe estatal sobre ozono elaborado por Ecologistas en Acción, donde se muestran y analizan los datos de entre el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2022 en 490 estaciones oficiales de medición a nivel nacional, de las que 31 se encuentran ubicadas en Castilla y León.
El principal causante de este repunte que ha llegado a “los dos centenares de superaciones del umbral de información, sin llegar a alcanzar el umbral de alerta” se debe a “las intensas y prolongadas olas de calor estivales de 2022” que “han elevado las puntas de ozono, recuperando los niveles habituales en los años anteriores a la pandemia”, apuntan Ecologistas en Acción.
El ozono que se trata de un contaminante secundario, aunque muy complejo por su gran afectación en verano a las áreas suburbanas y rurales, como consecuencia de la contaminación urbana e industrial, puede llegar a ser muy dañino para la población, llegando a provocar tos, irritación de garganta, asma, bronquitis o daños pulmonares a largo plazo si existe una exposición permanente.
Debido a su alta peligrosidad a largo plazo, desde la Confederación de Grupos Ecologistas de España manifiestan que “el ozono debe abordarse como un problema sanitario de primer orden, que causa cada año entre 1.500 y 1.800 muertes en el Estado español, según la Agencia Europea de Medio Ambiente”. Remarcando que durante este verano “el Instituto de Salud Carlos III ha identificado en Castilla y León 580 muertes atribuibles a las elevadas temperaturas y a la mayor exposición asociada al ozono. Las personas más afectadas son niños, mayores, embarazadas y quienes padecen enfermedades cardiorrespiratorias crónicas”.
En este sentido, son varios los municipios de Castilla y León que se encuentran actualmente superando el “estándar legal”, según registra Ecologistas en Acción en su informe de octubre de 2022, “con un aumento del 3% con relación al promedio de las registradas en el periodo 2012-2019”.
Los municipios que han superado este umbral de información son Medina de Pomar (Burgos), Peñausende (Zamora) y El Maíllo (Salamanca), que aparecen recogidos en el informe. Mientras que otros lugares como Sevilla, el centro de Asturias, el interior de Cantabria, la comarca de Puertollano, el Camp de Tarragona y el interior de Cataluña, Cáceres y el Parque Nacional de Monfragüe, Ourense, Vigo y la zona Norte de Galicia, la Comunidad de Madrid y el País Vasco también se han visto afectadas.
En el caso concreto de El Maíllo, el empeoramiento de la calidad del aire por ozono se achaca al incremento de las altas temperaturas, la reducción de las precipitaciones y el virulento incendio forestal que se produjo durante el mes de julio, invadiendo parte de la superficie del municipio.
Respecto a esto ya se están llevando a cabo diversos trabajos, según anunció la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Medio Ambiente a principios de este mes para fertilizar el suelo, recuperar la cubierta vegetal y frenar los procesos erosivos, evitando la contaminación del curso del agua y pudiendo así seguir garantizando el abastecimiento del agua potable. Con el fin de proteger, en definitiva, el suelo en las superficies forestales arrasadas en este caso por el incendio de Monsagro, como ocurre en ciertas zonas de El Maíllo.
Así, los trabajos de mejora incorporan actuaciones como “trituración de árboles en pie creando un ‘mulching’ o acolchado de astilla repartida sobre el terreno, suministro de paja y labores de carga de helicóptero para la ejecución de ‘helimulching’, creando así una cubierta vegetal sobre el suelo quemado que ayuda a conservar la materia orgánica del terreno y a recuperar su productividad, construcción de albarradas, repoblación forestal, apertura de pistas para dar acceso exclusivamente a determinados rodales de actuación, adecuación de pistas mediante refino, planeo y limpieza de cunetas, así como contracción de pasos de agua y badenes para mejorar la evacuación del agua, creación de charcas para fauna y como punto de carga contra incendios, construcción de depósitos de agua contra incendios, reparación de cerramientos ganaderos, siembra y plantación de pastizales para favorecer y acelerar la recuperación de la cubierta vegetal y tratamiento contra plagas, mediante la instalación de trampas contra escolítidos”.
Pese a ello, a nivel de Castilla y León, Ecologistas en Acción denuncian que “la Junta no está optimizada para la medición del ozono, lo que restringe su representatividad”, destacando que “durante los episodios de muy elevada contaminación de mediados de julio, la Junta se limitó a difundir avisos rutinarios”, mientras “sigue sin adoptar medidas eficaces sobre el transporte, la industria y la ganadería intensiva que eviten los episodios puntuales y reduzcan los elevados niveles de fondo contaminante más ligado al cambio climático”.
Unas acciones que critican y que han impugnado judicialmente: “El Plan de Mejora de la Calidad del Aire por Ozono Troposférico en Castilla y León, aprobado en diciembre en cumplimiento de la sentencia de 2018 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, es un documento genérico común para toda la región, sin valor normativo ni medidas concretas, programadas y presupuestadas”.
En lo que respecta a Salamanca, el Ayuntamiento ya hizo público hace siete meses el proyecto en el que está trabajando para la implantación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), según lo exigido por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética en la que se exige que todos los municipios con más de 50.000 habitantes dispongan de un Plan de Movilidad antes de que se termine este año 2022.
Un Plan que desde el Ayuntamiento aseguran que tienen vigente desde el año 2012, al que han incorporado la novedad de las bajas emisiones: “Una obligación legislativa que en Salamanca se ha visto como una oportunidad para hacer una ciudad aún más saludable, más atractiva para el turismo y con nuevas oportunidades para el desarrollo de la economía local”, relataba el propio García Carbayo en su momento.
Además, ahora, fuentes municipales detallan a este medio que ya se ha puesto en marcha la instalación tecnológica, con el fin de hacer de Salamanca una ‘smart city’ a través de la digitalización de las señales, paneles de control que informan de las vías cortadas al tráfico y las plazas de aparcamiento libres, los pasos de cebra inteligentes y sensores que midan e informen del clima y ozono, entre otras medidas. Todas ellas previstas para entrar en funcionamiento antes de diciembre de 2023, según indica en un principio la ley, aunque algunas ya están en vigor como los paneles informativos referentes a los cortes de tráfico y aparcamientos libres.
Mientras, “la Zona de Bajas Emisiones del conjunto histórico de Salamanca se llevará a cabo con un sistema capaz de controlar el acceso de los vehículos más contaminantes en función de la etiqueta ambiental según la clasificación de la Dirección General de Tráfico (DGT)”, minimizándose así las emisiones de CO2 y mejorando más la calidad del aire en la ciudad, para que Salamanca siga estando entre las cinco ciudades más limpias del país.
