Las imágenes que nos llegan estos días desde Portugal, donde un pavoroso incendio aún activo se ha cobrado ya la vida de 64 personas incapaces de escapar a las llamas, han activado todas las alertas en pueblos como La Bastida y más tras lo sucedido en la noche del lunes al martes, cuando una tormenta seca afecto a un árbol que echó a arder con la inmensa suerte de que poco tiempo antes había llovido y se apagó en primera instancia por sí mismo. Horas después volvió a reactivarse con la suerte de que un vecino de la zona se percató rápidamente de lo sucedido y dio aviso a las autoridades.
El segundo aviso se produjo a las 12 de la noche “y, para lo que pudo haber pasado, no sucedió nada porque los agentes forestales se quedaron allí refrescándolo y la reacción del Seprona fue rápida”. Lo cuenta el alcalde de la localidad, Bienvenido Rodríguez, horas después de superar una situación que en el municipio ven venir desde hace años.
La frondosidad del entorno natural, “para el que hubiera sido recomendable en su momento un desbroce y una limpieza que hoy por hoy resultarían carísimas”, y la negativa de los ecologistas a que se construyera una pista forestal que actuara de cortafuegos tal y como se proyectó hace unos años”, ponen a esta zona de Salamanca en grave riesgo de padecer un incendio devastador “porque hay muchísima maleza y está muy seco” y más aun teniendo en cuenta que la puesta en marcha del Plan de Vigilancia Forestal de la Junta de Castilla y León no se activa hasta el próximo 1 de julio.
Hasta ese día los medios son más limitados y la ayuda de los vecinos fundamental, pues muchos fuegos generados por tormentas secas como las caídas estos últimos días a lo largo de la provincia son atajados en primera instancia por gente de la zona. Las altas temperaturas y la pertinaz sequía tienen en alerta a la comarca, preocupada por lo que pueda pasar estos días y con la sensación, compartida por los agentes que en primera instancia pisan ese terreno, de que el temor podría ser evitable y la gestión mejorable tanto desde la Diputación como desde la administración regional.
Las advertencias, asegura el regidor municipal, han sido constantes pues sigue convencido de que “si se inicia un incendio en esta zona y no lo cogemos a tiempo, toda la sierra se abrasa”, asegura tajante al tiempo que agradece el trabajo de quienes, como los agentes de la Guardia Civil, también ven el problema e intentan, como él, llamar la atención para no tener que lamentarse en un futuro.
Polémica en Vitigudino
Por otra parte, la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León ha querido salir al paso sobre los rumores de "dejadez de funciones" de unos voluntarios de extinción de incendios.
Sin entrar a valorar si la intervención fue correcta o no, “sobre todo debido a la falta de datos”, explican, “ni queremos posicionarnos a favor de uno u otro; solo subrayar que los voluntarios de extinción de Incendio están sujetos a la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y león y a las leyes del Voluntariado tanto de Castilla y León como la española”.
La ley de Protección Ciudadana, aclaran, no asigna a estos voluntarios ninguna función concreta más que la de ayudar a los servicios esenciales -bomberos profesionales y agentes de la autoridad-, “por lo que resulta difícil demostrar dejadez de funciones cuando no tienen funciones asignadas”.
La Plataforma anima eso sí a denunciar el incumplimiento de la ley “puesto que a estos voluntarios cuando realizan tareas estas se deben llevar a cabo bajo la dirección, organización y control de los servicios profesionales”. “Puede denunciar que no son agentes de la autoridad, puede denunciar que no había bomberos profesionales”, añaden además de sugerir que se puede denunciar el incumplimiento de la ley del Voluntariado, “puesto que prohíbe que el voluntariado sustituya las prestaciones a las que estén obligadas las administraciones públicas o a la prestación de servicios profesionales retribuidos”.
Los representantes de los bomberos critican que la Diputación “no asume sus competencias en materia de extinción de incendios y salvamento” y animan también a denunciar “que los habitantes que viven en el medio rural son tratados como ciudadanos de tercera clase y que ante una desgracia relacionada con las funciones propias de los bomberos, tienen la seguridad de que van a acudir voluntarios, no unos profesionales”. Todo esto, añaden, llevan denunciándolo durante años.
Criticas al próximo operativo de la Junta
Por su parte, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamentan que la Consejería de Medio Ambiente, en la presentación del operativo antiincendios de este verano, “no haya presentado ninguna novedad ni decisión para incrementar el personal y mejorar sus condiciones laborales, tal y como venimos reclamando durante todo este año, ya que el número de trabajadores fijos-discontinuos y de los agentes medioambientales y técnicos son claramente insuficientes para atender las necesidades de un servicio eficaz, en la lucha contra los incendios forestales”.
CSIF insiste en que “los fuegos se apagan con más personal en el monte, y con el material adecuado y suficiente”, recordando que, durante la primavera, la Junta sólo ha contado con 70 trabajadores fijos discontinuos, de una plantilla de 800, “a pesar de que el número de incendios de enero a mayo de 2017 ha crecido un 119 %”.
El sindicato insta a la Consejería de Medio Ambiente a que “aborde, con voluntad real y determinación, el incremento del personal y la ampliación del tiempo de los contratos, en los grupos de trabajo que se reunirán y negociarán a partir del 4 de julio”.
Según CSIF, los agentes medioambientales que dirigen las extinciones se encuentran “desamparados, sin los recursos suficientes”; y la flexibilidad de la contratación que realiza la Junta “no propicia una consolidación de empleo de calidad, vinculado a la propia defensa contra los incendios forestales, pero también a la defensa del medio rural, como sí se está haciendo en otras comunidades, con contrataciones más estables y continuados”.
