La Guardia Civil acompañó este miércoles a responsables de compañías, eléctrica y de gas, a la urbanización La Reguera de Nuevo Naharros para que pudieran proceder al corte de los suministros de más de una veintena de familias de etnia gitana que seguían enganchados a las redes, tal y como había informado SALAMANCA24HORAS. De hecho, procedieron también a interponer una puerta blindada entre las zonas comunes y los contadores para evitar un nuevo acceso.
Según ha podido saber este diario, 21 viviendas de las 24 afectadas estaban enganchadas de forma ilegal a los suministros. De nuevo, el miércoles hubo hasta tres denuncias ante la Guardia Civil por amenazas de vecinos de la urbanización contra miembros de estas familias. También este jueves tuvo que acudir la Benemérita ante los continuos intentos por reestablecer los suministros que han efectuado en estas 48 horas, entre los que se encuentra el alquiler de un generador.
Ante esta situación, la ONG Cajas Solidarias ha denunciado la tesitura en la que han quedado los menores de estas familias. Según revelan, hay bebés de incluso días que no tienen acceso a los suministros básicos y por ello han mostrado a este diario su preocupación. “Es un problema que trasciende de si pagan o no pagan o cómo conviven. Mi preocupación no es si es justo o no es justo desconectarles la corriente. Mi preocupación es por los menores que no tienen en cuenta el modo de vivir de su padres”, apunta uno de los responsables de la organización.
Además, revela que ha trasladado la situación a miembros del Ayuntamiento de Pelabravo y de la Diputación de Salamanca y espera que actúen para que estos menores puedan recibir de nuevo los suministros. "No puedo juzgar si por tener niños se les tiene que dar la electricidad a a coste cero porque hay que pagar, pero tienen que intervenir los trabajadores sociales", valora. Además, ha explicado que las propias familias tienen previsto reunirse en el Ayuntamiento de Pelabravo para buscar una solución por su cuenta.
A preguntas de este diario sobre el comportamiento que han mantenido esas familias en el bloque y con el resto de sus vecinos, Cajas Solidarias evita juzgar y se centra en evaluar las necesidades básicas de estas personas, especialmente de los más pequeños. “Nosotros únicamente lo que hacemos es ver si existe una necesidad por parte de las familias y la trabajadora social de la Asocación decide qué se hace para atender a la gente. En el compromiso que tenemos con ellos, no se les exige un civismo o un comportamiento determinado de cara a las ayudas. Nosotros miramos la necesidad y sobre todo en el caso de que existan menores. No somos jueces, ni policías”, certifica.
