La Fiscalía de Valladolid solicita penas que suman, en total, 86 años de prisión para ocho presuntos integrantes de la organización desarticulada en la denominada Operación Churruca, una red de narcotráfico cuyos tentáculos llegaron a Salamanca y cuya caída culminó en junio de 2025 con la detención de varios de sus principales cabecillas en un chalet de Calvarrasa de Arriba.
El Ministerio Fiscal reclama para siete de los acusados diez años y medio de prisión y multas de cuatro millones de euros por delitos contra la salud pública, con la agravante de notoria importancia, y pertenencia a grupo criminal. Para uno de los procesados solicita además otros dos años de cárcel por un presunto delito de tenencia de arma prohibida, lo que eleva la petición hasta los 12 años y medio.
La causa se dirige contra los ocho presuntos miembros del núcleo principal de la organización, considerada por los investigadores una de las redes de narcotráfico más activas de Castilla y León. Según la acusación, el grupo adquiría grandes cargamentos de cocaína en Galicia para distribuirlos posteriormente en Valladolid, Salamanca, Asturias y otros puntos a nivel nacional.
Salamanca, clave en la fase final de la investigación
Salamanca desempeñó un papel determinante en el desenlace de la operación. Tras el dispositivo desplegado el 1 de mayo de 2025 en Valladolid, varios de los principales responsables de la organización lograron escapar y permanecieron ocultos durante más de un mes.
Finalmente, el 12 de junio de 2025 fueron localizados y detenidos en un chalet de Calvarrasa de Arriba, donde la Policía Nacional dio por culminada la operación con el arresto de seis personas vinculadas al núcleo de la organización, entre ellas el presunto líder del clan y dos de sus hijos. Aquella actuación permitió cerrar la fase operativa de una investigación iniciada en 2024.
Una estructura jerarquizada
De acuerdo con el escrito de acusación, la organización contaba con una estructura perfectamente definida. El principal acusado ejercía como máximo responsable y coordinador de la actividad criminal, mientras que dos de sus hijos asumían funciones de supervisión y negociación con los proveedores cuando era necesario.
