La Fiscalía de Valladolid solicita penas que suman, en total, 86 años de prisión para ocho presuntos integrantes de la organización desarticulada en la denominada Operación Churruca, una red de narcotráfico cuyos tentáculos llegaron a Salamanca y cuya caída culminó en junio de 2025 con la detención de varios de sus principales cabecillas en un chalet de Calvarrasa de Arriba.
El Ministerio Fiscal reclama para siete de los acusados diez años y medio de prisión y multas de cuatro millones de euros por delitos contra la salud pública, con la agravante de notoria importancia, y pertenencia a grupo criminal. Para uno de los procesados solicita además otros dos años de cárcel por un presunto delito de tenencia de arma prohibida, lo que eleva la petición hasta los 12 años y medio.
La causa se dirige contra los ocho presuntos miembros del núcleo principal de la organización, considerada por los investigadores una de las redes de narcotráfico más activas de Castilla y León. Según la acusación, el grupo adquiría grandes cargamentos de cocaína en Galicia para distribuirlos posteriormente en Valladolid, Salamanca, Asturias y otros puntos a nivel nacional.
Salamanca, clave en la fase final de la investigación
Salamanca desempeñó un papel determinante en el desenlace de la operación. Tras el dispositivo desplegado el 1 de mayo de 2025 en Valladolid, varios de los principales responsables de la organización lograron escapar y permanecieron ocultos durante más de un mes.
Finalmente, el 12 de junio de 2025 fueron localizados y detenidos en un chalet de Calvarrasa de Arriba, donde la Policía Nacional dio por culminada la operación con el arresto de seis personas vinculadas al núcleo de la organización, entre ellas el presunto líder del clan y dos de sus hijos. Aquella actuación permitió cerrar la fase operativa de una investigación iniciada en 2024.
Una estructura jerarquizada
De acuerdo con el escrito de acusación, la organización contaba con una estructura perfectamente definida. El principal acusado ejercía como máximo responsable y coordinador de la actividad criminal, mientras que dos de sus hijos asumían funciones de supervisión y negociación con los proveedores cuando era necesario.
Otro de los procesados actuaba presuntamente como enlace con los suministradores gallegos y participaba directamente en la distribución de la droga. La Fiscalía también sostiene que uno de los acusados puso a disposición del grupo una vivienda en Trigueros del Valle como centro logístico, mientras que el resto desempeñaba funciones de transporte, vigilancia y apoyo durante los desplazamientos.
Convoyes y vehículos con dobles fondos
La investigación de la UDYCO y del Servicio de Vigilancia Aduanera documentó durante meses numerosos viajes entre Valladolid, Galicia y Asturias. La organización utilizaba vehículos de alta gama registrados a nombre de terceros y organizaba convoyes con coches lanzadera para detectar posibles controles policiales, mientras el vehículo de carga transportaba la cocaína escondida en dobles fondos.
El golpe definitivo llegó la madrugada del 1 de mayo de 2025, cuando los investigadores, gracias a un dispositivo de geolocalización y sonorización autorizado judicialmente, siguieron el desplazamiento de un convoy hasta Vigo para adquirir un importante cargamento de cocaína.
A su regreso, uno de los vehículos fue interceptado a la altura del estadio José Zorrilla de Valladolid. La actuación policial provocó la huida del resto del convoy, cuyos integrantes intentaron reorganizarse posteriormente en una finca de Corcos para trasladar parte de la droga de un vehículo a otro. En ese punto fueron detenidos dos de los implicados, mientras que otros cuatro consiguieron escapar temporalmente.
Cerca de 59 kilos de cocaína
Los registros permitieron intervenir cerca de 59 kilogramos de cocaína de elevada pureza, valorados en casi seis millones de euros. Más de 54 kilos fueron localizados ocultos en una “caleta” practicada en el maletero de un Peugeot 3008, mientras que otros dos kilos aparecieron en un segundo vehículo abandonado durante la huida.
Además, en los registros domiciliarios se incautaron balanzas de precisión, envasadoras al vacío, sustancias utilizadas para el corte de la droga, visores nocturnos y varias armas. Entre ellas figuraban una escopeta del calibre 12 y una pistola detonadora modificada para disparar munición real, hallada en el domicilio de uno de los acusados, motivo por el que la Fiscalía solicita para él una condena adicional por tenencia de arma prohibida.
