Este lunes, 8 de junio, siete personas pertenecientes a una presunta organización criminal han sido arrestadas como responsables de varios delitos, entre los que se incluyen el blanqueamiento de capitales, estafa o fraude en subvenciones públicas.
Uno de estos arrestados es Ramón Lázaro, presidente del equipo de fútbol Tudelano desde 2022 hasta su cese recientemente. Un empresario vinculado a una empresa de multiservicios, Gestión y Eventos Lázaro, que tiene o ha tenido actividad empresarial en la provincia de Salamanca, tal y como ha reconocido en varias ocasiones el empresario de Corella.
Una empresa gestionada y dirigida por el expresidente del Tudelano y cuya actividad está siendo investigada por Policía Nacional y Fiscalía, al poder haber sido usada en presuntas actividades fraudulentas, tales como malversación en subvenciones o facturas o servicios no justificados.
La sociedad de Ramón Lázaro, administrador único de la misma -precisamente aporta su DNI como identificador fiscal-, ha conseguido trabajar para múltiples instituciones públicas, desde entidades locales como ayuntamientos a instituciones gubernamentales como el Ministerio del Interior.
La empresa se caracteriza por conseguir licitaciones y contratos públicos con una estrategia muy agresiva de encarecimiento de costes y baja oferta, que a menudo dejan fuera de juego a competidores locales o PYMES que no pueden asumir esos costes de personal o margen de beneficio. Unas propuestas contractuales tan inferiores que le ha llevado en ocasiones al límite de las ‘bajas temerarias’ o incluso sobrepasando el concepto de oferta ‘anormalmente baja’ sin justificación, como sucedió en el caso del contrato para gestionar la limpieza de centros escolares vinculados al Ayuntamiento de Villamayor.
Dos contratos para gestionar las piscinas de Villamayor y una propuesta anormalmente baja para limpiar sus centros escolares
Ramón Lázaro fue arrestado este lunes junto a su madre, ambos están presuntamente involucrados en la organización criminal que investiga la Policía Nacional con apoyo de Europol e Interpol. Actualmente se encuentra en libertad provisional con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante el tribunal de instancia más próximo, así como siempre que sea requerido por autoridad judicial, al considerar el juez que no hay riesgo de ocultación de pruebas.





