Phishing, robo de tarjetas, hackeos, suplantación de identidad, amenazas, coacciones e interferencia de datos y sistemas son algunos de los delitos cibernéticos con los que la sociedad del siglo XXI se ha familiarizado, más si cabe con el ‘boom’ de la digitalización. Con el propósito de reducir su impacto y daño, las administraciones se han visto obligados a realizar inversiones millonarias en un espacio que antes no requería de tanta atención. Así, las instituciones públicas de Castilla y León destinaron 6,01 millones de euros a reforzar su ciberseguridad el pasado año, gracias a la firma de 29 contratos en este sentido.
La inversión en ciberseguridad alcanzó en España los 228 millones de euros, mediante un total de 880 adjudicaciones. La de Castilla y León significó únicamente del 2,6 por ciento de la inversión nacional, un aspecto en el que los expertos consideran que todas las administraciones deben mejorar dada la capacidad y el margen existente, si bien entienden que son cada vez más conscientes de la necesidad que existe en lo que respecta a la protección de sus sistemas.
Esta inversión se desglosa en 153,74 millones mediante los diferentes procesos de contratación y 74,18 a través de compras centralizadas con los Acuerdos Marco de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, según un informe de Adjudicaciones y Licitaciones TIC al que tuvo acceso Ical.
Si se atiende al tipo de administración que ejecuta las inversiones, en el desglose del año 2022 se observa que 159 millones fueron liberados por el Gobierno central, 37,05 por las comunidades autónomas y 32 de las entidades locales.
Con una cifra de casi 159 millones de euros invertidos mediante 331 contratos, la AGE se sitúa en primera posición como la más inversora en ciberseguridad, tanto en inversiones por licitación abierta (94,51 millones) como por compras centralizadas (64,41). La inversión total por parte de la AGE supone siete de cada diez euros del total invertido en 2022.
En segundo lugar se sitúan las comunidades autónomas, con algo más de 37 millones a través de 226 contratos, con el 16,26 por ciento de la inversión global. En lo que respecta a las entidades locales han significado el 14 por ciento de la inversión total del periodo mencionado, con 31,95 millones y 323 contratos.
Durante el pasado año, las comunidades autónomas (incluidas las entidades locales correspondientes) que más invirtieron fueron Andalucía, Cataluña y País Vasco. Entre las tres suman una inversión total de 36,11 millones, es decir, un 15,84 por cinto de la inversión total y un 52,33 por ciento respecto de la inversión de las autonomías.
Andalucía es la más inversora con una cifra de 19,15 millones, seguida de Cataluña, con 9,66, y País Vasco, con 7,3 millones. A continuación, ya Castilla y León, con algo más de seis millones.
Principales proyectos en Castilla y León
El principal proyecto de inversión en ciberseguridad el pasado año lo lideró el Incibe, con sede en León, con 6,75 millones de euros, adjudicados a NTT Data Spain, para la identificación y desarrollo de contenidos de sensibilización y divulgación en ciberseguridad para los públicos objetivos del propio Instituto de Ciberseguridad.
Igualmente, entre los proyectos que suscitan mayor interés por motivos estratégicos o prácticos, según el informe, se encuentra el despliegue de una Oficina Técnica de Seguridad y Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) y un conjunto de soluciones en esta materia, por importe de 1,6 millones de euros, y que ejecutará el Ayuntamiento de Valladolid, a través de una adjudicación a Ibermática.
