La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha participado en la reunión extraordinaria del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia celebrada hoy en Madrid, en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales, y en cuyo orden del día figuraban la distribución de subvenciones a programas de interés general con cargo al IRPF y la distribución de fondos para varios programas sociales.
Respecto al primero de los asuntos, Alicia García ha señalado que Castilla y León ha conseguido mantener para sus entidades del Tercer Sector la misma cantidad para este año 2018 que la asignada en 2017, un total de 20,1 millones de euros, lo que permitirá garantizar la financiación a las entidades sociales de la Comunidad. Esta cantidad permitió el pasado año financiar en Castilla y León 407 programas a 156 entidades, que beneficiaron a 40.000 personas vulnerables.
En todo caso, la consejera ha señalado que Castilla y León se ha abstenido en el nuevo acuerdo de reparto planteado por el Gobierno porque no se pierde financiación respecto al año pasado para las entidades del Tercer Sector en la Comunidad y para que no se dilate más el proceso y poder resolver cuanto antes unas convocatorias cuyas bases Castilla y León ya publicó hace tres meses y con el consenso con las entidades sociales.
A pesar de esto, Alicia García ha denunciado un trato discriminatorio por parte del Gobierno al modificar unos criterios de reparto que ya habían sido aprobados y que ahora han cambiado para beneficiar a unas comunidades autónomas sobre otras. Este año era necesario aprobar unos criterios que permitiesen distribuir las nuevas cantidades y la postura de Castilla y León siempre ha sido la de garantizar la misma cuantía que el año anterior a todas las Comunidades y, sobre los incrementos que se producen anualmente en la recaudación de estos fondos, aplicar criterios de distribución de forma que todas las comunidades vean incrementada su parte.
En este sentido, Alicia García ha desvelado que en mayo se reunió la Comisión Delegada y se cerraron unos acuerdos con el apoyo de la mayoría de las comunidades autónomas para un incremento lineal para todas del 1,1 % y compensar con otra cuantía a las que pudieran recibir menos. Con esos acuerdos, Castilla y León hubiese recibido 20,3 millones de euros, 221.000 euros más que el pasado año. Sin embargo, García se ha referido a que el nuevo Gobierno, con la disculpa de que el acuerdo era escaso al haber sido apoyado por 10 comunidades autónomas, convocó una nueva Comisión Delegada el pasado 22 de junio para modificar los criterios ya aprobados para el reparto. La consejera ha denunciado que, cuando se analiza quienes han sido las comunidades más beneficiados del nuevo reparto resulta que, de los 10 millones de euros de incremento previstos para este año, la mitad se los llevan Andalucía (que se lleva el 22,96 %) y la Comunidad Valenciana (el 28,71 %) y siete comunidades, además de Ceuta y Melilla, no crecen nada. Este nuevo acuerdo, sin embargo, va a contar con un apoyo muy similar o incluso menor al acuerdo anterior.
Por este motivo Alicia García ha señalado que Castilla y León ha mostrado su total disconformidad con una forma de proceder que no está basada en conseguir más consenso sino que ajusta los criterios a los intereses de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, además de haber retrasado estos cambios de manera importante la aprobación del reparto, con el perjuicio que va a suponer para las entidades y para la gestión de las propias comunidades autónomas, y la Junta ha pedido que cuanto antes se inicien las negociaciones para cerrar unos nuevos criterios según los cuales todas las comunidades autónomas, y no solo unas cuantas, puedan ver incrementados estos fondos.
Créditos para programas sociales en 2018
Otro de los puntos del orden de día planteados en esta reunión era la aprobación de créditos de distribución destinados a las comunidades autónomas para programas de servicios sociales de protección a la familia y de atención a la pobreza infantil. En este ámbito, Alicia García ha señalado que Castilla y León recibirá por parte del Ministerio de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales este año 7,3 millones de euros para tres programas, lo que supone la misma cantidad que el pasado año.
En este punto, Alicia García ha asegurado que, durante la reunión, ha manifestado su sorpresa y decepción al comprobar el incumplimiento de la promesa del nuevo Gobierno, efectuada por la Alta Comisionada para la lucha contra la pobreza infantil, Luisa Caracedo, de duplicar de forma inmediata, para este mismo verano, los fondos previstos para luchar contra la pobreza infantil, y más concretamente los destinados a comedores y campamentos para, según se señaló, atajar de manera inmediata la pobreza infantil y garantizar las necesidades alimentarias en el verano. García ha señalado que siguen apareciendo 5 millones de euros para ese concepto a nivel nacional, que solo al recordarlo todas las comunidades autónomas, ya que no estaba en el orden del día de la reunión, el Gobierno se ha comprometido a agilizar este incremento para llegar a los 10 millones de euros.
Esa es una partida que se encuentra incluida precisamente en el primero de estos programas sociales de los que hoy se ha informado sobre las aportaciones que realiza el Estado a las comunidades, el de ?Protección a la familia y atención a la pobreza infantil?, que en su conjunto tiene 60 Millones de euros de los que 4,24 le corresponden a Castilla y León. Esto complementa los 12,8 millones de euros que la Junta destina a estos programas, especialmente los Programas de Apoyo a la Familia y a ayudas de urgencia social.
Un segundo programa es el de ?Prestaciones básicas de Servicios Sociales?, que en su conjunto a nivel nacional cuenta con 40 millones de euros de los que 3,02 corresponden a Castilla y León. Esto complementa los 24,8 millones que la Junta destina a cofinanciar los equipos de los centros de acción social de las corporaciones locales.
El tercero de los programas son los ?Proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, que cuenta con 412.500 euros a nivel nacional de los que 35.800 euros corresponden a Castilla y León. Esto complementa a los 155.400 euros que la Junta destina a estos programas.
