La Plataforma Social Castilla y León ha alzado la voz para denunciar una práctica que consideran "injusta" por parte de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
Según la plataforma, 88 familias con hijos en situación de dependencia han presentado recursos de reposición o reclamaciones ante la administración autonómica por los descuentos aplicados desde 2018 en la prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio.
El motivo de la controversia radica en que la Junta ha estado descontando de estas ayudas la cuantía que las familias perciben del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en concepto de prestación por hijo a cargo.
La Plataforma Social subraya que la Ley de la Dependencia reconoce explícitamente el derecho de estas familias a recibir la prestación económica íntegra para financiar servicios esenciales como centros de día u otras modalidades de atención para sus hijos dependientes.
Ante la reiterada negativa de la Junta a atender sus reclamaciones iniciales, 32 familias decidieron llevar su caso a los tribunales, presentando recursos contencioso-administrativos ante los Juzgados de lo Social.
La Plataforma Social destaca que los juzgados dieron la razón a las familias, fallando en contra de la administración autonómica.
Sin embargo, la Junta de Castilla y León optó por recurrir en apelación estas sentencias favorables a las familias ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Para sorpresa de las familias, el Tribunal Superior de Justicia volvió a fallar en contra del Gobierno de Mañueco.
Lejos de acatar la decisión judicial, la Junta interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La Plataforma Social lamenta que el Tribunal Supremo no admitiera a trámite la mayor parte de estos recursos, y el resto fueron finalmente desistidos por la administración autonómica.
La Plataforma Social ha ilustrado esta situación con el caso de Julio, una persona con dependencia de grado III. Según la Ley de la Dependencia, a Julio le corresponderían 1.105 euros de prestación económica vinculada a la adquisición de una plaza en un centro de día para personas con discapacidad. Sin embargo, debido al descuento aplicado por la Junta de Castilla y León de la prestación por hijo a cargo que recibe su padre, la cantidad que percibe se ve reducida a tan solo 897 euros.
Esta situación ha generado una profunda indignación entre las familias afectadas, quienes consideran que se les está privando de un derecho reconocido por ley para la atención de sus hijos con dependencia. La Plataforma Social Castilla y León exige a la Junta de Castilla y León que cese esta práctica de descuentos y restituya las cantidades indebidamente detraídas a las familias afectadas.
