El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presidió este jueves por videoconferencia el Consejo Territorial de Memoria Democrática, en el que se aprobó la distribución de los fondos correspondientes a 2024. Se pretende que las comunidades y ciudades autónomas continúen las labores de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Estas partidas presupuestarias también irán destinadas a labores de divulgación y dignificación de los lugares de enterramiento. En la reunión, en la que participaron el secretario de Estado de Política Territorial, Fernando Martínez, y los representantes de las comunidades y ciudades autónomas con competencias en Memoria Democrática se informó de la distribución del citado dinero por bloques.
Por una parte, dos millones de euros en la línea 1 para localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura y, por el otro, un millón en las líneas 2 y 3, para actividades de divulgación de trabajos efectuados y de dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de espacios de memoria asociados a los mismos.
Los consejeros autonómicos fueron informados de la adquisición del programa ‘Bonaparte’ para que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses gestione una base de datos nacional. Se trata de un software desarrollado con fondos públicos europeos, creado a petición del Instituto Forense Holandés, que desarrollará una base de datos de ADN, validada en el ámbito internacional forense, para la identificación de cadáveres y personas desaparecidas.
Búsquedas sistemáticas
El sistema permitirá integrar perfiles de ADN y llevar a cabo búsquedas sistemáticas con restos mortales procedentes de las exhumaciones de fosas de la guerra civil y la dictadura y ayudar así a su identificación genética. Accederán al banco nacional de ADN los laboratorios de ADN estatales y de las comunidades autónomas que participen en proyectos de memoria democrática.
La Ley de Memoria Democrática contempla la comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España y la comisión técnica para la reparación económica a las víctimas de la guerra y la dictadura, que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 23 de abril.
Las comunidades participarán con dos representantes en cada comisión a propuesta del Consejo Territorial, tras el acuerdo alcanzado en la comisión sectorial de memoria democrática del pasado 24 de mayo. Para la comisión sobre el Pueblo Gitano se designan a los representantes del Principado de Asturias y de la Junta de Extremadura y para la comisión técnica de medidas de reparación económica a los representantes de la Comunidad Foral de Navarra y la Generalitat de Cataluña.
Por último, en el Consejo de hoy, que es el primero que se celebra en esta legislatura, se solicitó a todas las comunidades y ciudades autónomas que si disponen de catálogos de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática los trasladen a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para su inclusión en el catálogo estatal.
