La Junta de Castilla y León recurrirá ante los tribunales el Real Decreto 556/2026, que fija en 833 la capacidad ordinaria del sistema de protección de menores extranjeros no acompañados en la Comunidad. El Ejecutivo autonómico sostiene que el reparto se ha realizado de forma unilateral, sin consenso con las comunidades autónomas y sin respetar sus competencias en materia de protección de menores.
El Gobierno regional considera que el incremento respecto a la asignación de 2025, de 783 a 833 menores, carece de una justificación objetiva y no guarda proporción con la evolución de la población de Castilla y León. Por ello, los Servicios Jurídicos de la Junta presentarán un recurso para defender las competencias de la Comunidad y garantizar la sostenibilidad del sistema de protección.
