Los inquilinos de 17.018 viviendas de alquiler en la provincia de Salamanca podrán beneficiarse de las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno para ampliar la duración de los contratos de arrendamiento. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el decreto que regula el nuevo régimen de prórrogas y que ya entra en vigor.
La medida forma parte de las actuaciones en materia de vivienda aprobado esta semana por el Consejo de Ministros y afecta a los contratos de vivienda habitual que se encuentren vigentes cuando entre en vigor la nueva normativa.
El nuevo régimen establece que, una vez alcanzado el final del contrato, y siempre que ninguna de las partes haya comunicado correctamente su voluntad de ponerle fin, el arrendamiento podrá continuar mediante prórrogas sucesivas de cinco años cuando el propietario sea una persona física. En el caso de que el arrendador sea una empresa, los periodos serán de siete años.
La provincia de Salamanca cuenta con 17.018 contratos susceptibles de acogerse a estas medidas, según las estimaciones del Ministerio de Consumo basadas en el panel de hogares. En el conjunto de Castilla y León son 94.994 contratos, mientras que en España la cifra asciende a cerca de 1,9 millones.
Indemnización si el propietario decide no continuar
Una de las novedades que introduce el decreto afecta a los casos en los que el propietario comunique válidamente su voluntad de no prorrogar el contrato.
En determinados supuestos, el arrendador deberá indemnizar al inquilino con una cantidad equivalente, como mínimo, a doce mensualidades de la renta de una vivienda de características similares.
La norma establece que, siempre que sea posible, la cuantía deberá calcularse tomando como referencia el sistema estatal de referencia de precios del alquiler. Además, la compensación no podrá ser inferior al importe equivalente a una mensualidad por cada año que el inquilino haya residido en la vivienda, con el correspondiente prorrateo de los periodos inferiores al año.
Pero la norma contempla excepciones. La indemnización no será aplicable cuando la finalización del contrato tenga como finalidad vender la vivienda o cuando el propietario necesite el inmueble para sí mismo o para determinados familiares. Tampoco se aplicará si las partes alcanzan un nuevo acuerdo de alquiler o si el inquilino rechaza una oferta fehaciente de un nuevo contrato que cumpla las condiciones establecidas.
Prórrogas de hasta tres años en zonas tensionadas
El decreto mantiene además las prórrogas extraordinarias previstas para determinados casos de vulnerabilidad social y económica y para las viviendas situadas en zonas declaradas de mercado residencial tensionado.
En los casos de vulnerabilidad, la extensión podrá alcanzar un año, mientras que para los inmuebles ubicados en zonas tensionadas podrá llegar hasta tres años.
La nueva regulación será aplicable a los contratos de vivienda habitual que estén vigentes en el momento de su entrada en vigor, aunque establece diferentes reglas en función de la situación en la que se encuentre cada arrendamiento.
Para los contratos a los que resten menos de seis meses para vencer, el propietario podrá comunicar su voluntad de no prorrogarlo con una antelación mínima de cuatro meses.
También se establece un régimen específico para los contratos que se encuentren en situación de tácita reconducción. En estos casos, pasarán a estar sujetos a las nuevas reglas a partir del primer vencimiento que se produzca una vez transcurridos cuatro meses desde la entrada en vigor del decreto.
Casi 95.000 contratos en Castilla y León
Castilla y León suma 94.994 contratos de alquiler que podrían acogerse a las medidas. Valladolid concentra 21.860, seguida de Salamanca, con 17.018; León, con 14.542, y Burgos, con 14.498.
Por detrás aparecen Zamora, con 6.084 contratos; Segovia, con 5.986; Ávila, con 5.790; Palencia, con 5.295, y Soria, con 3.921.
En el conjunto del país, 1.895.676 contratos de alquiler con vencimientos previstos entre 2026 y 2028 podrán beneficiarse de la prórroga contemplada por el Gobierno. Según las estimaciones oficiales, tomando una media de 2,5 personas por hogar, la medida podría afectar a cerca de cinco millones de personas.
