Noticias televisivas, periódicos, programas de radio y hasta redes sociales. La mayoría de las plataformas comunicativas giran, desde el pasado miércoles 23 de septiembre, en torno a un asunto que ha sobrecogido a la sociedad española e incluso ha cruzado fronteras: la crisis de la vivienda. Desde el momento en el que se ejecutó, a pesar de la oposición pública, el pasado miércoles el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba viviendo en el mismo piso del barrio de El Retiro de Madrid más de siete décadas, la opinión pública ha estallado.
Manifestaciones por toda España, concentraciones y hasta una acampada que conquista la Puerta del Sol de Madrid desde el pasado sábado 26 de septiembre se han convertido en un símbolo de la lucha social con un objetivo claro: la modificación de la situación en cuanto al acceso a la vivienda en España, que se posiciona desde hace meses como el asunto que más preocupa a la población con un porcentaje del 43%, tal y como apunta la última encuesta del CIS.
Todo este movimiento motiva a hacerse una pregunta: ¿cómo está la situación en Salamanca capital y en su provincia? En este sentido, el territorio charro ha aumentado, según apunta la empresa Idealista, un 9,1% el precio del alquiler en relación con el pasado año 2025. Además, según el Censo de Población y Viviendas del INE, de las 63.990 viviendas principales de la capital, el 15,8% estaba en régimen de alquiler en el pasado año 2021.
La realidad salmantina: alquileres temporales en fraude y “pisos troceados”
Al analizar las dinámicas del mercado en la ciudad y en la provincia, la Asamblea de Inquilinas de Salamanca desmonta el argumento institucional sobre la falta de oferta. “En una provincia profundamente despoblada los precios del alquiler y de la compra no dejan de subir; por tanto, el problema no es la falta de oferta, sino el uso que se le da a esa vivienda”, argumentan.
Entre las irregularidades más frecuentes detectadas en la zona destacan dos fenómenos preocupantes. Por un lado, el alquiler temporal en fraude de ley, “con contratos de 11 meses que se renuevan consecutivamente durante años para aplicar subidas de renta arbitrarias”. Y, por otro, se encuentra la práctica de “trocear” pisos eliminando salones o zonas comunes para alquilar hasta cuatro o cinco habitaciones por separado: “De este modo, al volverse inasumible el coste de una vivienda completa, se fuerza a los inquilinos a pagar por estancias individuales, maximizando el beneficio del arrendador”.
La lucha: “Esencial para hacer recordar a todo político que su trabajo es estar de la mano del pueblo”
Pero la problemática existente en Salamanca en relación con la vivienda no se queda en números. Se traslada a personas. Pablo, un salmantino de 26 años, vive de alquiler en un piso en el barrio de la Prosperidad por el que paga más de 700 euros al mes. En relación con las rentas, asegura que “los precios de alquiler son elevados desde que empecé a vivir solo”: “La situación de la vivienda en Salamanca es mala, existe mucha demanda y ofertas desorbitadas”.
En este caso, Pablo asegura que la lucha de la vivienda “es muy importante para hacer recordar a todo político de cualquier parte del mundo que su trabajo es estar de la mano del pueblo”. En este sentido, para la Asamblea de Inquilinas, la lucha es indispensable para visibilizar que el drama habitacional va mucho más allá de casos mediáticos como el de Maricarmen: “Ha sido un caso con mucha trascendencia por lo duro que ha sido y por las escenas lamentables en la puerta de su casa. Pero casos como este se ven todos los días".
Logros de la presión social: dos Decretos Ley aprobados por el Consejo de Ministros
Esta presión social no está siendo en vano. Tal y como informó Europapress el pasado lunes, Maricarmen podrá volver a casa tras haber alcanzado, después de varios años de intento y gracias a la lucha social, un acuerdo entre los representantes de la afectada y la empresa propietaria de la vivienda. Y esto no acaba aquí. Gracias a los centenares de personas que llenan la Puerta del Sol y se manifiestan en diferentes ciudades desde el sábado, el Consejo de Ministros aprobó este martes dos Decretos Ley que, en parte, coinciden con los requisitos demandados por los manifestantes, representados por el Sindicato de Inquilinas de Madrid.
Entre las medidas que recoge el primer decreto, se encuentra la prohibición de los desahucios hasta diciembre de 2030 a personas en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional. En estos casos, los propietarios podrán recibir una compensación por la suspensión de determinados procedimientos de desahucio. Por otro lado, el Gobierno limitaría hasta el 31 de diciembre de 2028 la adquisición de viviendas por parte de 'fondos buitre', es decir, entidades que incluyan en su objeto la adquisición de inmuebles y pretendan comprar una vivienda por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado.
Por otro lado, se proponen reducciones fiscales de hasta el 100% para los propietarios que rebajen el precio del alquiler respecto a la última renta; además de la deducción del 10% en el IRPF para determinados inquilinos; y la obtención de préstamos de 50.000 a devolver en un año para acceder a la primera vivienda. En relación a los impuestos, se aumentarían los mismos sobre viviendas vacías y sobre los alquileres turísticos; se establecerían límites a la actualización de la renta y a los alquileres de temporada y por habitaciones; además de impulsar la construcción de la vivienda pública.
Por último, este decreto plantea la prórroga de hasta dos años para determinados alquileres: en concreto, los inquilinos con contratos de vivienda habitual cuya prórroga obligatoria o tácita termine antes del 31 de diciembre de 2028 podrán solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años. En este sentido se mueve el segundo decreto, que modifica la duración de los contratos de alquiler de vivienda habitual y establece un sistema de renovación automática una vez finalizado el periodo inicial del contrato. Además, este segundo decreto también plantea la posibilidad de que, en caso de que el propietario quiera finalizar el contrato sin justificación, debería indemnizar al inquilino con una cantidad equivalente a hasta 12 mensualidades.
Un análisis crítico de los Decretos Ley: “Medidas cosméticas y desmovilización”
Respecto a estos dos Decretos Ley aprobados por el Consejo de Ministros, la valoración de la Asamblea de Inquilinas de Salamanca es contundente: los consideran una maniobra mínima orientada a frenar la ola de movilizaciones. A su juicio, el Gobierno “se la ha vuelto a jugar” a la ciudadanía al dividir las medidas en dos decretos para asegurar un trámite de cara a citas electorales.
Entre las principales deficiencias señaladas por el colectivo destacan, en primer lugar, la existencia de incentivos fiscales desiguales. En concreto, consideran desproporcionado que al propietario se le aplique una deducción del 100% en el IRPF a cambio de una rebaja de solo el 5% en la renta del inquilino. En el tratamiento de los alquileres vacacionales, no comparten que se mantenga una fiscalidad del IVA al 10%, “un tipo equivalente al de los bienes de primera necesidad”.
Por último, en relación con las críticas, califican de “inasumibles” para los salarios de la clase trabajadora los préstamos de 50.000 euros a devolver en diez años, advirtiendo además que medidas como las prórrogas de contratos hasta 2028 solo consiguen retrasar de manera temporal una problemática que resurgirá en pocos años.
Pablo, el salmantino de 26 años, asegura en este sentido que los decretos son "muy pobres": "Se nota que son para salir del paso”. Aun así, espera que "se vuelva a recuperar el sentido común por parte de los propietarios y se facilite tanto la compra como el alquiler a la población más vulnerable".
Pero, ¿cómo afectarían estos cambios al territorio salmantino? Según ha publicado este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE), la provincia de Salamanca cuenta con 17.018 contratos susceptibles de acogerse a estas medidas, según las estimaciones del Ministerio de Consumo basadas en el panel de hogares. En el conjunto de Castilla y León son 94.994 contratos, mientras que en España la cifra asciende a cerca de 1,9 millones.
La respuesta del movimiento social: “Sus beneficios no pueden estar por encima de nuestras vidas”
“Ser casero o rentista no es un trabajo ni un método legítimo del que obtener ingresos a costa de impedir el acceso a la vivienda o dejar a alguien en la calle”. Con esta declaración, lejos de dar la batalla por concluida tras las recientes resoluciones gubernamentales, la Asamblea de Inquilinas insiste en que la única vía efectiva es mantener la fuerza en las calles. Como muestra de este compromiso, la asamblea ya ha anunciado la convocatoria de una nueva manifestación en Salamanca para este domingo 4 de octubre a las 12:00 horas enfrente a la Subdelegación del Gobierno.
