La Junta de Castilla y León resolverá en este mes de marzo las solicitudes del Bono Alquiler Joven, que recibió un total de 16.082 peticiones en la Comunidad. El objetivo es publicar en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la resolución que determine el número de beneficiarios de esta ayuda de 200 euros puesta en marcha en 2022 por el Gobierno de España, según informaron a Ical fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
El departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones aclaró que la previsión que manejan es resolver en este mes de marzo las solicitudes del Bono Alquiler Joven, para a continuación iniciar los pagos, después de que el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, indicara que de forma “inmediata” se iban a comenzar a pagar “este mes”.
En conjunto, el Bono Alquiler Joven recibió 16.082 solicitudes en la Comunidad: 878 en Ávila, 1.965 en Burgos, 2.731 en León, 1.017 en Palencia, 3.207 en Salamanca, 866 en Segovia, 546 en Soria, 4.169 en Valladolid y 703 en Zamora. Además, el portavoz de la Junta lamentó que estas ayudas tengan un límite económico en su previsión, de forma que podría haber beneficiarios que no reciban la ayuda por falta de fondos, a diferencia de lo que ocurre con las ayudas que convoca la Junta.
El Bono de Alquiler Joven, destinado a inquilinos de entre 18 y 35 años y con una ayuda de 250 euros al mes, contará en 2023 con una aportación del Gobierno de 200 millones, de los que Castilla y León recibirá casi once millones. Este bono, que busca facilitar la emancipación de los jóvenes, está regulado por el Real Decreto de 18 de enero de 2022 y financiado por el Gobierno central pero su implantación corresponde a las comunidades autónomas.
Consiste en ayudas de hasta 250 euros mensuales para fomentar el alquiler de viviendas entre los más jóvenes de la sociedad. El bono está destinado a inquilinos de entre 18 y 35 años y se concede por dos años, por lo que la ayuda total asciende a 6.000 euros (a razón de 250 euros al mes).
Los beneficiarios deben acreditar rentas de trabajo, es decir, contar con un contrato de trabajo. Además, sus ingresos anuales, con carácter general, deben ser inferiores a 3 veces el IPREM. El inmueble tiene que estar declarado en Hacienda. Además, la vivienda tiene que figurar como residencia habitual, certificada mediante el certificado de empadronamiento del solicitante.
El alquiler, en todo caso, no debe superar los 600 euros al mes. En caso de ser alquiler de habitación, este límite de precio es de hasta 300 euros por unidad, un tope que podrá elevarse hasta los 450 euros previo acuerdo de la comisión de seguimiento.
