En España hay alrededor de 900.000 interinos de todos los sectores, interinos que según Jorge Azón, de la Plataforma de Interinos y temporales, están contratados “en fraude de ley por todas las administraciones públicas de todos los colores políticos durante años y años”.
Médicos, profesores, policías o militares que vienen encadenando contratos temporales durante más del periodo permitido, llegando a ser interinos durante más de 20 años, cuando a partir de tres se considera fraude de ley. La directiva europea 1999/70/CE indica que no se puede contratar indefinidamente de manera temporal; en España debería estar adaptada desde 2001, sin embargo, “el Estado español no está cumpliendo la normativa europea”.
Esta tasa de temporalidad que debería ser del 5%, llega al 30% en todos los sectores públicos, aunque aumenta ligeramente en aquellos que dependen de las autonomías. El dato se ve acentuado por las pocas plazas que se sacan a oposición: “se sacan cinco plazas en vez de 100, por eso hay 95 personas que habiendo aprobado, se quedan sin plaza”.
Esta situación está ocasionando que los profesionales estén llevando a los tribunales sus casos particulares, ganando las indemnizaciones correspondientes, lo que puede suponer a las arcas públicas millones de euros. “¿Quién va a pagar esto? Es una irresponsabilidad política y sindical.”
La Plataforma de Interinos y temporales da un tirón de orejas a los sindicatos por su falta de apoyo: “CCOO y UGT están impulsando esto junto con el Gobierno, no entendemos por qué están haciendo esto”. Aseguran que aunque CSIF también firmó el acuerdo, está pidiendo que los trabajadores sean indemnizados.
Azón afirma que “en lugar de reconocer ese error y arreglarlo, están tapándolo todo” desde el Gobierno. “Quieren que cada uno de nosotros vayamos a los tribunales; es el colmo, siguen maltratándonos y abusando de nosotros”. Esta situación supone que personas que lleven trabajando más de 20 años trabajando para la Administración, ahora tengan que sacarse las oposiciones, como es el caso del propio Azón.
Desde la PI reivindican que se reconozcan sus derechos, “que se ha hecho mal, y que se reconozca que ese contrato es fraudulento”. Entre las medidas para solucionar la situación proponen convocar un concurso “a medida para estas personas”, o que se reconozcan como indefinidos hasta que se jubilen, entre otras.
