El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) ha solicitado al Gobierno de España que garantice el acceso a la justicia gratuita a todos los damnificados por los incendios forestales, sin que tengan que acreditar sus recursos económicos. El objetivo es asegurar la tutela judicial efectiva y la igualdad en el acceso a la justicia, especialmente en una situación de emergencia y vulnerabilidad.
El presidente del CACYL, Fernando Rodríguez Santocildes, argumenta que las personas afectadas podrían verse inmersas en procedimientos legales, como reclamaciones contra la administración o causas penales, y que no se les debe exigir una documentación que, en muchos casos, ha quedado reducida a cenizas. Dado que Castilla y León no tiene transferidas las competencias en materia de Justicia, la solicitud se dirige directamente al Ministerio.
El Consejo, que agrupa a los nueve colegios de abogacía de la comunidad, ha expresado su "pesar y consternación" por las consecuencias de los incendios que han afectado a Zamora, León, Palencia, Ávila y Salamanca. Han trasladado su plena solidaridad con las familias que han sufrido pérdidas, incluyendo un sentido pésame a los familiares de quienes han perdido la vida en la lucha contra las llamas.
Apuesta por la coordinación y refuerzo de las Fiscalías de Medio Ambiente
El CACYL ha insistido en la necesidad de una "coordinación y entendimiento leal" entre todas las administraciones para mitigar los efectos de la tragedia y defender los derechos de los afectados. Consideran que la cooperación institucional es esencial para la recuperación y reconstrucción de los territorios.
En una reunión de su Grupo de Trabajo de Abogacía Rural, el Consejo ha analizado la situación y ha propuesto un plan de actuación coordinado con los colegios profesionales de las zonas afectadas. Además, han destacado que la despoblación es un factor que agrava estas catástrofes, por lo que han solicitado al Fiscal Superior de la Comunidad que se refuercen las fiscalías de Medio Ambiente en cada provincia.
Finalmente, el grupo de trabajo ha puesto en valor el "profundo sentimiento de arraigo" y el firme compromiso de la población rural en la defensa de sus territorios, algo que, a su juicio, se ha demostrado de manera ejemplar durante estas semanas de crisis.
