Salamanca vuelve a aparecer vinculada a investigaciones y denuncias sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica en esta ocasión, con motivo del papel que desempeñaron distintos responsables eclesiásticos en la gestión de sacerdotes acusados o condenados por este tipo de delitos.
El País sitúa a varios obispos relacionados con Salamanca entre las autoridades eclesiásticas que habrían ignorado denuncias, retrasado actuaciones o mantenido en activo a sacerdotes acusados de abusos a menores.
Entre los nombres señalados figura Carlos López, obispo de Salamanca entre 2003 y 2021. Tal y como se señala, López no habría apartado de sus funciones al sacerdote Isidro López tras una denuncia presentada en 2011, pese a que posteriormente fue condenado en un proceso canónico por tres casos de abusos. Las mismas informaciones sostienen que el entonces obispo permitió que continuara ejerciendo labores pastorales y manteniendo contacto con menores.
También se le atribuye haber permitido la permanencia en la diócesis de Francisco Carreras, un sacerdote procedente de Estados Unidos que había sido expulsado de la diócesis de Miami tras denuncias por abusos. Carreras desarrolló actividad pastoral en diversas localidades salmantinas hasta 2004.
Las acusaciones alcanzan igualmente a antiguos responsables de la diócesis. Mauro Rubio, obispo de Salamanca entre 1964 y 1995, y Braulio Rodríguez, que ocupó la sede salmantina entre 1995 y 2002 antes de convertirse en arzobispo de Valladolid y posteriormente de Toledo, son señalados por presuntamente haber ignorado denuncias relacionadas con Isidro López y por haber permitido la actividad pastoral de Francisco Carreras pese a las advertencias existentes sobre su historial.
En la provincia de Salamanca aparece también Julián López, obispo de Ciudad Rodrigo y posteriormente de León. Diversos testimonios sostienen que no impulsó sanciones canónicas contra un sacerdote condenado por abusos y que el caso no fue comunicado a los fieles de la diócesis. El prelado ha rechazado algunas de estas acusaciones.
Por su parte, Atilano Rodríguez, sucesor de Julián López en Ciudad Rodrigo y actual obispo de Sigüenza-Guadalajara, ha sido acusado por una víctima de no actuar ante las advertencias recibidas sobre un sacerdote condenado previamente por abusos.
La relación de Salamanca con estos casos también alcanza a los Legionarios de Cristo. Según la propia congregación, el sacerdote Fernando Martínez, acusado de cometer abusos durante décadas en México, fue destinado a Salamanca como administrador del seminario de la orden. En 2020, la congregación reconoció tanto los abusos como errores en la gestión interna del caso. Entre los responsables señalados por las víctimas figura Eduardo Robles-Gil Orvañanos, superior general de la congregación entre 2014 y 2020.
