Bajo el lema 'Ante las agresiones a sanitarios, tolerancia cero', el lazo dorado como símbolo y el hashtag en redes sociales #StopAgresionesASanitarios, el Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), que se puso en marcha hace ocho años, ha presentado los datos de violencia registrados en 2017, que ascienden a 515 casos frente a los 495 del año anterior, lo que supone un aumento del 4% y continúa la tendencia ascendente por tercer año.
La OMC considera positivo que este tipo de conductas violentas se comuniquen, aunque lamenta que, en muchos casos, tienen relación con situaciones que se vienen denunciando como la masificación de las urgencias, la falta de equidad en la atención sanitaria, el aumento de las listas de espera o la precariedad laboral de los profesionales.
Lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, injurias y/o vejaciones centran la mayor parte de las 3.429 agresiones que han sufrido los médicos en el ejercicio de su profesión en toda España en los siete últimos años, según los datos del Observatorio. De los casos de violencia que se contabilizaron, el 12% de ellos acabó con lesiones, el 31% fueron insultos y el 57% amenazas. Estos episodios cercenan la confianza médico-paciente, incrementan el estrés laboral del médico y es una agresión tan grave como la física.
El Interlocutor Policial Sanitario, el logro más destacado de 2017
Ante la entidad del problema, el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad ha puesto en marcha la Instrucción 3/2017, que recoge la figura del Interlocutor Policial Sanitario. Una nueva respuesta policial, integral y transversal para esta lacra, que está constituida por una actuación coordinada y la adopción de medidas que refuerzan las ya existentes en un marco de actuación más amplio.
El objetivo es potenciar las acciones necesarias tendentes a la profundización en el conocimiento de la problemática delictiva existente en torno a los centros médicos y a los profesionales de la salud, ubicados en sus respectivas demarcaciones, para adoptar las medidas precisas, entre ellas la prevención y la formación, para incrementar la seguridad y reducir las agresiones.
Las comunidades autónomas y provincias han impulsado esta iniciativa en coordinación con los consejos autonómicos de Colegios de Médicos, los propios colegios y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Durante estos meses, desde la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil se ha coordinado esta figura para ponerla en marcha en las 55 unidades territoriales -todas las provincias, además de Vigo, Algeciras y Gijón- y plantear un escenario real de actuación.
La entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, de la reforma del Código Penal que contempla las agresiones a sanitarios que trabajan en el sector público como delito de atentado contra la autoridad, ha sido otro de los logros importantes en la lucha contra este problema. Eso sí, desde el Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC se sigue trabajando para que las agresiones a sanitarios sean consideradas como violencia social, contemplando la consideración de delito contra la autoridad tanto si se producen en el ámbito público como en el privado y para que sean penadas con los mismos criterios en todas las CC.AA.
En el 65% de los casos se ha presentado denuncia tras la agresión
Los datos de violencia registrados en 2017 ascienden a 515 casos frente a los 495 del año anterior, lo que supone un incremento del 4%. Según los datos del Observatorio, en el 65% de los casos se ha presentado denuncia tras la agresión.
Por comunidades autónomas, las que han registrado un mayor número de agresiones denunciadas en los colegios han sido Andalucía (122), Cataluña (98) y Madrid (84), aunque la incidencia mayor por mil colegiados se ha producido en Extremadura, Cantabria y Andalucía.
Del estudio, se desprende un porcentaje mayor de agresiones a mujeres según sexo: el 52% de los profesionales agredidos son mujeres (lo que supone un 6% menos que año pasado) y el 48% hombres. En cuanto al ámbito sanitario de ejercicio, sigue siendo el público donde se producen la gran mayoría de este tipo de conductas violentas, con un 87% de los casos, mientras que en el sector privado se han producido el 13%, manteniéndose las cifras del año pasado en este apartado.
Y, sobre el ámbito donde se produce la agresión, sigue siendo la Atención Primaria la que se lleva la mayor parte (53%), frente a la Hospitalaria (21%); las urgencias hospitalarias y de Atención Primaria tienen un porcentaje de un 10% y un 16% cada una de ellas. Sin embargo, si se tiene en cuenta el número de consultas realizadas al año, el área donde son más frecuentes las agresiones es en Urgencias de Atención Primaria, alcanzando las 2,46 agresiones por cada millón de consultas.
De los agresores, el 59% son pacientes (el 27% son pacientes programados, el 28% pacientes no programados, el 4% pacientes desplazados) y el 41% acompañantes.
En cuanto a las causas principales de las agresiones, el 40% se producen por discrepancias en la atención médica; el 10% por el tiempo en ser atendido; el 12% por no recetar lo propuesto por el paciente; el 15% por discrepancias personales; el 10% por informes no acordes a sus exigencias; el 6% en relación a la incapacidad laboral; el 7% por el mal funcionamiento del centro; y el 15% por otras causas.
Del total de agresiones, en el 12% de los casos provocaron lesiones, de las cuales el 49% fueron físicas y el 51%, psíquicas y el 13% conllevaron baja laboral, cifra inferior al 16% del año anterior.
En 2017, desde el Observatorio se analizaron 59 sentencias, de las cuales, 43 fueron condenatorias; 8 absolutorias y en 4 se llegaron a acuerdos. 47 fueron falladas como delitos leves; y 25 como delito menos grave.
De todas ellas, a 19 se ha impuesto prisión y 13 conllevaron privación de derechos, inhabilitaciones y prohibiciones; y la mayor parte; 43, multas, en la mayoría de los casos, de una cuantía insignificante; 6 medidas de seguridad y otras 17 diversos tipos de pena. El análisis de estas sentencias muestra una gran variabilidad en la falta de unificación de criterios por parte de los órganos judiciales a la hora de tipificar las agresiones por lo que el Observatorio trabaja para que se unifique la tipificación judicial en todas las comunidades
Manifiesto
