El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este miércoles la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras del nuevo servicio ‘Mediacyl’, una iniciativa de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a través de la cual se pretende dar respuesta a los problemas de convivencia en el ámbito familiar, estableciendo un espacio de mediación para la prevención y solución de conflictos.
Este tipo de asistencia gratuita, que se prestará en régimen de concierto, cubrirá las nueve provincias de la Comunidad mediante el establecimiento de cuatro centros de referencia −Burgos, Salamanca, Valladolid y León− a los que se adscribirán espacios ubicados en el resto de las capitales y otros grandes municipios de Castilla y León.
El objetivo es abordar toda la problemática que dificulte la convivencia en el hogar. Se trata de poseer la capacidad de atención a todos y cada uno de los miembros de la familia, tanto nuclear como extensa, residentes en la Comunidad, que se encuentren en procesos complejos que puedan afectar al bienestar de las personas y que, de no ser atendidos convenientemente, tiendan a su cronificación.
Para ello, se han diseñado una serie de líneas de actuación con el objetivo de ofrecer una respuesta integral en función de las necesidades de cada caso particular: información y orientación psicosocial, acompañamiento psicológico en contextos violentos, resolución pacífica de conflictos, asesoramiento legal y talleres de formación bajo la denominación de ‘Escuela de Familia’.
Además, el servicio deberá contar con un equipo de expertos interdisciplinar, compuesto por profesionales titulados en Psicología, Trabajo Social, Educación Social y Derecho. Todos ellos deberán reunir la condición de mediadores familiares.
A su vez, ‘MediaCyL’ forma parte del conjunto de medidas de la Red de Detección y Alerta ante problemas de salud mental que presentó recientemente el presidente Alfonso Fernández Mañueco, cuyo objetivo es prevenir conductas de autolesión y actuar de forma rápida, coordinada y personalizada en el caso de que sucedan.
Régimen de concierto
La Orden no sólo establece el contenido del servicio, sino su régimen jurídico y económico, que será el de concierto. De este modo, mediante convocatoria futura, se abrirá un plazo para todas aquellas personas físicas, jurídicas o uniones temporales de estas que reúnan los requisitos definidos en la Orden. Entre ellos, destaca la previa inscripción en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Carácter Social o la acreditación de que la entidad cuenta con los medios y recursos humanos suficientes para llevar a cabo las actuaciones.
Para la selección de las diferentes propuestas técnicas y económicas, la Dirección General de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, responsable de la tramitación del procedimiento, valorará tanto la experiencia previa en el ámbito como con otros colectivos, pero también la calidad certificada en la gestión y el funcionamiento de sus programas asistenciales y la implantación territorial de la entidad.
El tiempo establecido para la prestación del servicio concertado será de dos años, prorrogables por periodos máximos equivalentes. Además, las personas físicas o jurídicas que opten deberán tener instalaciones habilitadas para llevar a cabo las actuaciones, puesto que podrán desarrollarse en espacios titularidad de la Junta o de los propios prestatarios, dependiendo del contexto.
La iniciativa echará a rodar, en primer lugar, en los centros de Burgos y Salamanca para, posteriormente, ir extendiéndose al resto de provincias. El coste máximo del servicio por este periodo se ha fijado en 444.673 euros para el centro de referencia burgalés −con centros adscritos en Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Soria− y 657.295 para el salmantino, que contará con sedes en Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Zamora y Benavente. Posteriormente, se incorporarán los centros de Valladolid −que engloba también a Palencia y Segovia− y León, con un espacio en Ponferrada. El presupuesto total anual será de más de 2 millones de euros.
Una vez concertado el servicio, la entidad prestataria deberá atender a las directrices de la Dirección General de Familias, así como atender al público en horario de tarde −de 16 a 21 horas−, más un día a la semana de mañana −de 10 a 14 horas− mediante el sistema de cita previa. Su acceso será de carácter gratuito.
