El militar llevó a su hija y los demás menores al colegio y volvió al coche. Después, tras recorrer varios cientos de metros metros y rebasar la plaza de toros de la ciudad, una bomba lapa con dos kilos de explosivo, colocada en los bajos del Fiat Regata que conducía, estalló. La deflagración arrancó las dos piernas de Aliste, que tenía entonces 40 años. Dos décadas después, un miembro de ETA, Sergio Polo Escobés, fue condenado por la Audiencia Nacional en 2015 a un siglo de prisión por este atentado, considerándole además autor de cinco asesinatos frustrados.
Según relató El País, el atentado contra el capitán Aliste puso fin a cinco meses de silencio etarra y dio inicio a una de las campañas más duras de la banda, que culminaron el 11 de diciembre de 1995 con el coche bomba que mató a seis funcionarios civiles de la Armada en el barrio madrileño de Vallecas.
La hija del militar sufrió estrés postraumático durante 230 días, mientras que una de las compañeras también registró un cuadro de ansiedad durante 180 días que le dejó un síndrome de estrés postraumático. Familiares también necesitaron durante mucho tiempo asistencia psicológica.
La causa por el caso de Aliste se archivó provisionalmente en enero de 1997 al no haberse podido encontrar al posible autor del delito. El procedimiento permaneció dormido hasta enero de 2013, cuando la Fiscalía presentó un escrito de la Comisaría General de Información de la Policía, fechado el mes anterior, en el que se concluía que Sergio Polo, alias Lur, detenido en marzo de 1999, era el responsable de la bomba lapa que ató al militar a una silla de ruedas para el resto de su vida.
Las fuerzas de seguridad no encontraron ninguna prueba directa de la participación de Polo en el atentado, pero aportaron una serie de indicios que, concatenados, llevaron al tribunal a atribuir sin “ninguna duda” por la “vía de la inferencia lógica” el atentado a Lur.
El principal indicio fue una carta mecanografiada firmada por Anboto —apodo que usaba la antigua jefa operativa de ETA Soledad Iparragirre— y que fue hallada en el domicilio de Polo, en Pasaia (Gipuzkoa). En esta misiva, dirigida a Lur, Anboto criticó que Aliste no muriera pese a la cantidad de explosivo utilizado, y atribuyó este hecho a que los bajos del Fiat Regata estuvieran sucios y el imán de la bomba lapa no funcionase correctamente, o a que el explosivo estuviera mal ubicado.
Para asignar a Polo el alias de Lur, los jueces se basaron en las fotografías de Polo junto a este apodo que fueron incautadas en Francia a un comando que se dedicaba a confeccionar documentación falsa para ETA. Otros “elementos complementarios” que, según el tribunal, corroboraron la autoría fue el hallazgo, en el domicilio de Polo —junto a abundante material para fabricar bombas lapa— de horarios de trenes entre Salamanca y San Sebastián.
Otra condena en 2018 por un asesinato en León también en 1995
La Audiencia Nacional también condenó en 2018 a 110 años de cárcel al etarra Sergio Polo al considerar acreditado que colocó en 1995 en León una bomba lapa en el coche del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo que, al estallar, le causó la muerte y heridas graves a su hija, de 18 años.
La Fiscalía pedía para él 122 años de prisión, pero la sección primera de lo Penal le condenó a 12 años menos tras retirarle el delito de tenencia de explosivos al haber sido ya condenado por ello en el procedimiento del atentado de Salamanca.
Acercamiento de Sergio Polo en 2019
Sin embargo, el pasado año, la familia de Luciano Cortizo mostró su "sorpresa e indignación" por el traslado desde la prisión de Algeciras (Cádiz) a Herrera de la Mancha (Ciudad Real) del etarra Sergio Polo. "Nos preguntamos por qué están más pendientes de los padecimientos de los terroristas que de las secuelas de las víctimas. ¿Y de nosotros quién se preocupa?", se preguntó la familia de Luciano Cortizo.
La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, pidió explicaciones al Ministerio del Interior por el traslado de tres presos de ETA, entre ellos Sergio Polo, por no haberse producido "ninguna notificación, ni con carácter previo ni durante los meses transcurridos, ni a esta Fundación, ni al resto de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo".
Fuentes de Instituciones Penitenciarias justificaron el traslado a finales de noviembre de Sergio Polo por motivos amparados en la Ley de Protección de Datos, en concreto motivos relevantes de salud. "No lo consideramos un acercamiento", subrayaron estas fuentes, ya que la prisión manchega dista más de 600 kilómetros de Euskadi.
En opinión de las víctimas, esos motivos tan graves de salud no fueron suficientes para eximirle de acudir al juicio que se celebró el pasado mes de octubre por el asesinato del militar ni tampoco para mostrar síntoma alguno de arrepentimiento, colaboración con la justicia o compasión con las víctimas".
