La Junta de Castilla y León viene trabajando en la adopción de medidas para favorecer y garantizar unas condiciones de movilidad seguras y sostenibles, como servicio básico y fundamental para el acceso a otros muchos servicios como la educación, sanidad, cultura, o el ocio, mejorando la calidad del transporte que reciben las personas que residen en Castilla y León, especialmente en el medio rural, y armonizando dichas medidas a las características sociales, territoriales, económicas y ambientales de la Comunidad. Todo ello da lugar al establecimiento de un modelo de prestación de los servicios que da respuesta a estas singularidades, en un modelo de transporte que presenta un bajo nivel de cobertura económica, puesto que un 63 % de sus rutas tienen menos de 5.000 viajeros/año.
La Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, en su artículo 7 declara como servicio público al transporte público regular de viajeros por carretera de uso general interurbano, así como al transporte rural y metropolitano, adaptándose a las necesidades reales de cada territorio. Y de acuerdo con ello, en su artículo 10 responsabiliza a las administraciones públicas de asegurar la adecuada sostenibilidad económico-financiera de dichos servicios. En este contexto se enmarca el acuerdo de Consejo de Gobierno para la concesión de una subvención directa a 128 titulares de 242 concesiones de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carreteras, para compensar la situación de pérdida de ingresos e incremento de costes del sector, en 2022, para garantizar el mantenimiento del cien por cien de las rutas de Castilla y León.
Los 20,6 millones de euros aprobados este miércoles se suman a los 12,9 millones que la Junta de Castilla y León adelantó en diciembre de 2021 para paliar el déficit de explotación del ejercicio 2022. Además, en septiembre de este año se autorizó una ayuda de 4,5 millones de euros, para dar respuesta ante el agravamiento de la situación económica. En total, la Administración Autonómica ha destinado en el presente ejercicio 38 millones de euros para paliar el déficit de explotación, agravado también por el montante que los operadores han tenido que adelantar, como consecuencia de la aplicación de la reducción del 30 % en el precio de los títulos multiviajes de transportes para viajeros recurrentes, establecida en el Real Decreto del Gobierno 11/2022, de 25 de junio, a la espera de la aportación del MITMA. De este modo, la Junta de Castilla y León ha invertido cerca de 100 millones de euros en los últimos tres años para garantizar, por un lado, la adecuada sostenibilidad económica de los servicios de transporte público en condiciones de normalidad y, por otro, la liquidez del tejido empresarial y el nivel de empleo en el sector.
