El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado su Proyecto de Ordenanzas para 2026, que contempla, por duodécimo año consecutivo, la congelación de los cinco principales impuestos municipales que son el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la plusvalía, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. También se mantendrán sin cambios la práctica totalidad de tasas y precios públicos.
Así lo ha anunciado este jueves el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, durante la presentación del proyecto, que será debatido en el próximo pleno ordinario.
Rodríguez ha recordado que, en los últimos doce años, el IPC acumulado (tomando como referencia la tasa interanual de agosto) ha sido del 27,4%. De haberse actualizado los tributos según ese índice, los ciudadanos habrían visto un aumento equivalente. En cambio, estos impuestos han permanecido congelados, e incluso se han reducido, como ocurrió con el IBI en 2019, que bajó un 5%. Según Rodríguez, esto “acredita la voluntad municipal de proteger la economía de las familias y empresas salmantinas”.
Subidas puntuales en tarifas vinculadas a contratos
El proyecto sí contempla una actualización del 2,7%, equivalente al IPC interanual de agosto, en algunas tarifas ligadas a contratos de servicio, como el agua, el alcantarillado, los servicios funerarios y cementerios municipales, el Mercado Central, el aparcamiento del Centro de Transportes y el servicio de depuración. También se actualizarán las tarifas del transporte urbano, aunque se mantendrá congelado el bono-bus especial.
A pesar de esta subida, el concejal ha subrayado que el transporte público seguirá siendo uno de los más baratos de España. Rodríguez, ha manifestado que el Ayuntamiento subvenciona actualmente el 75,5% del coste del servicio. Rodríguez también ha señalado que las tarifas del autobús permanecieron congeladas entre 2015 y 2023, pese a una subida del IPC del 21,3% en ese periodo.
Apoyo a las familias y cumplimiento de la normativa estatal
El proyecto de ordenanzas mantiene todos los beneficios fiscales ya existentes, dirigidos a familias con menores ingresos y al impulso de la actividad económica local.
En relación con la tasa de recogida de residuos, el Ayuntamiento aplicará un ajuste para 2026 en cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que exige que esta tasa cubra el coste del servicio y esté vinculada a la cantidad de residuos generados.
El objetivo es aproximar la recaudación al coste real del servicio, que asciende a casi 23 millones de euros. Para ello, se aplicarán los coeficientes introducidos en 2025 (±5%) que ajustan la cuota según la evolución de los residuos generados y los avances en reciclaje. Para el 81% de los hogares, este ajuste supondrá un incremento mensual de entre 1,14 y 1,35 euros.
La Federación Española de Municipios y Provincias ya había señalado la necesidad de actualizar regularmente esta tasa debido al incremento en el coste de servicios como el depósito en el CTR de Gomecello, que desde 2022 se ha visto afectado por nuevos impuestos estatales que han elevado su precio en un 446,20%. Así lo explicó el concejal de Hacienda.
Por su parte, Rodríguez indicó que la ley de residuos ha supuesto un gasto mensual de entre 3 y 3,5 euros para los habitantes de Salamanca desde su implementación, generando numerosas críticas por parte de los ayuntamientos, las cuales han sido canalizadas a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. El concejal añadió que la normativa exige “una revisión periódica de la tasa conforme aumentan los costos del servicio”.
Rodríguez recordó que, hasta la entrada en vigor de esta ley estatal, la tasa de recogida de basura estuvo congelada entre 2015 y 2023, a pesar del aumento de los costes y del IPC (21,3%).
El concejal de Hacienda concluyó destacando que, con estas medidas, “el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la estabilidad fiscal, la protección del poder adquisitivo de los salmantinos y la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales”, apostando por un modelo de ciudad “responsable, competitiva y socialmente justa”.
