El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, garantizó este lunes en las Cortes que el Gobierno de Castilla y León consolidará en esta legislatura su “política fiscal moderada y justa, con bajada selectiva de impuestos, para favorecer a las familias, el emprendimiento y la inversión”.
Fernández Carriedo, que presentó el programa de medidas de su departamento para los próximos cuatro años, afirmó que a lo largo de esta legislatura, se estima que las nuevas medidas tributarias aprobadas frente a la crisis junto con los beneficios ya vigentes supongan un ahorro fiscal superior a los 2.500 millones de euros para los ciudadanos de Castilla y León.
Carriedo advirtió de que defenderán todas las bajadas de impuestos aprobadas en Castilla y León, recurriendo cualquier ley o disposición normativa del Estado que limite la reducción de tributos autonómicos realizada en el ejercicio de nuestras competencias.
El consejero indicó que la despoblación necesita de una política de Estado, en la que estén implicadas y comprometidas todas las administraciones, por lo que solicitarán al Gobierno de la Nación que cree “una fiscalidad favorable a las zonas rurales, también en los tributos estatales en los que Castilla y León no tiene competencia”.
Al respecto, planteó tipos reducidos en el Impuesto sobre Sociedades para las empresas que estén situadas en el medio rural, y aprobar en el IRPF regímenes fiscales específicos para las zonas rurales, para conseguir “un efecto de arrastre de empresas y así generar actividad y empleo en nuestro mundo rural”.
De la misma forma, reclamará que establezca, a la mayor brevedad posible, ventajas en las cotizaciones de la Seguridad Social en provincias y zonas de muy baja densidad, de acuerdo a la normativa europea, para reducir el equivalente al 20 por ciento los costes laborales de las empresas.
El consejero también aprovechó para exigir, como eje para este mandato, una “profunda reforma” del sistema de financiación autonómica, que cubra el coste real de la prestación de los servicios esenciales a las personas, vivan donde vivan.
Carriedo indicó que por parte de su Ejecutivo garantizarán que al menos el 80 por ciento de los recursos no financieros sobre los que tienen capacidad de decisión se dediquen a Sanidad, Educación y Servicios Sociales, para “fortalecer el liderazgo de la Comunidad en la prestación de servicios públicos”.
Por otra parte, a nivel administrativo, comprometió que seguirán mejorando la eficiencia energética de los edificios administrativos gestionados por la Consejería. Precisó que se prevé el inicio de actuaciones en once edificios, bien de modernización de sus sistemas de climatización, bien de sus sistemas de iluminación o bien de sus envolventes.
Además se concluirá, en este caso con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), la obra de rehabilitación integral del edificio situado en la plaza Madrid de Valladolid, cuya licitación, por un importe de 14 millones de euros, ya está publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Carriedo anunció además que se potenciarán también medidas específicas dirigidas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, mediante la realización de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico y de calderas de biomasa, y la conexión a redes de calor de los edificios, siempre que sea viable técnica y económicamente.
Por último, invertirán más de cinco millones de euros en la descarbonización de la flota de automóviles, priorizando en los próximos meses la adquisición de al menos 120 vehículos eléctricos e instalando un mínimo de 180 puntos de recarga en edificios públicos.
