El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aseguró este jueves que la Junta de Castilla y León tiene “muy claro” su “apoyo” a las personas LGTBI. “La igualdad, los derechos, el respeto y la dignidad están plenamente garantizados en Castilla y León para todas las personas a título individual y para los integrantes de ese colectivo”, señaló.
Cuestionado sobre las declaraciones que había realizado en el pasado, asegurando que la Comunidad no trabajaría en su propia ley LGTBI hasta que no hubiera una norma estatal sobre la materia, algo que ahora es una realidad, el portavoz explicó que “la regulación debe ser fruto de un trabajo común y de consenso”. “Era oportuno esperar a la normativa nacional, de la que ya disponemos, y hemos visto cómo ha generado un debate y un claro perjuicio a muchos colectivos, especialmente de mujeres y feministas, que no la apoyan”, señaló.
En declaraciones recogidas por Ical, Fernández Carriedo aseguró que “la normativa tendría que buscar los puntos de encuentro para garantizar todos los derechos y la igualdad, y no debería suponer un deterioro de los criterios de igualdad hacia las aspiraciones de los colectivos de mujeres”.
“No nos parece que la mera transposición a Castilla y León de la Ley Trans y los perjuicios que a juicio de mucha gente esto causa a muchos colectivos sea la forma adecuada de buscar puntos de encuentro y de consensos. Nosotros estamos por asegurar y por garantizar derechos, el ejercicio de la libertad de esos derechos, así como la dignidad y el respeto a todas las personas LGTBI. Estoy seguro de que eso se podría hacer en Castilla y León de forma compatible con encontrar el consenso de los colectivos que defienden los derechos de las mujeres o de muchas personas que han visto agredidos sus derechos como consecuencia de la legislación nacional”, resumió.
Inquirido también sobre la polémica colocación de una bandera LGTBI en las dependencias socialistas de las Cortes Regionales, el portavoz recordó que “en una democracia lo habitual es que sea el poder legislativo quien controle al ejecutivo, no al revés”, antes de sentenciar: “La opinión dela Junta sobre la materia LGTBI es que queremos trabajar claramente hacia la igualdad, y la garantía de los derechos de esas personas, y eso está plenamente asegurado en Castilla y León”.
