El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, confirmó este martes, 2 de marzo, que el Gobierno autonómico mantiene su compromiso de eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la Comunidad, pero emplazó su debate en el pleno de las Cortes al momento en que se tenga “un respiro” de la pandemia.
En respuesta a una pregunta planteada en el coloquio ‘Las Comunidades Autónomas en el escenario de la pandemia y la recuperación’, organizado por Executive Forum y en el que Carriedo tomó parte, el consejero de Economía y Hacienda señaló que el compromiso de legislatura de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones “se mantiene” y que la pandemia “simplemente lo ha retrasado, pero no lo ha eliminado”.
Y es que, como el propio Carriedo confesó, aunque estaba prevista su aprobación en el pleno de las Cortes del 18 de marzo de 2020, la declaración del estado de alarma el día 14 del mismo mes suspendió dicha sesión y después, “por prudencia, y en un contexto de mayor gasto”, se decidió retrasar su debate porque la Junta no podía “renunciar a esos ingresos”.
Así, y ante la pregunta de cuándo se va a eliminar dicho impuesto, Carriedo señaló que “cuando las circunstancias lo permitan” y la Junta tenga “un respiro con respecto a la gran prioridad”, en relación a una pandemia que “ha supuesto un gasto brutal” por la compra de equipos de protección individual, la contratación de sanitarios, el refuerzo de los servicios o la puesta en marcha de los sistemas de vacunación y realización de test, entre otras cuestiones.
“En el momento en que las circunstancias lo permitan, abordaremos este compromiso de legislatura”, reiteró Carriedo, quien definió el impuesto de sucesiones y donaciones como “un impuesto injusto” porque “las personas ya pagaron por el ahorro y la renta que generaron” y ahora los hijos “no deben tributar sobre algo por lo que ya se tributó en el pasado”.
Contrario a la subida de impuestos del Gobierno
Durante su intervención, Carriedo también hizo mención a la política de armonización fiscal que pretende llevar a cabo el Ministerio de Hacienda, criticando que “el Gobierno de lo que quiere hablar realmente es de una subida de impuestos” cuando “el escenario razonable es una bajada de impuestos para toda España”.
“Este Gobierno, siempre que habla de impuestos, es para subirlos”, continuó esgrimiendo Carriedo, quien recordó que además el Ejecutivo no solo pretende “subir los de gestión directa suya”, entre los que enumeró el impuesto de matriculación, el de bebidas azucaradas, el de las tecnológicas y sobre el ahorro, que “acaban recayendo sobre las personas con menos recursos”, sino que también intenta subir los impuestos de las Comunidades Autónomas.
“Nosotros nos negamos”, explicó Carriedo, defendiendo la política fiscal de Castilla y León que sitúa a la Comunidad como “la segunda con el IRPF más bajo de España, una de las que tiene políticas específicas diferenciales para el mundo rural y la que plantea mayores beneficios fiscales para las familias y por natalidad”.
