Hace sólo unos días, la actriz mexicana Ana Lucía Salazar denunció haber sido violada cuando tenía 8 años por un sacerdote, de nombre Fernando Martínez Suárez y miembro de la congregación católica Legionarios de Cristo. Salazar ha sido la primera mujer que denuncia de manera pública en México a un miembro de esta congregación; y señaló además que los supuestos abusos se dieron entre los años 1991y 1992, en un instituto de Cancún. Además, relató que el cura supo cómo evadir las acusaciones para que los padres de las niñas (ya que afirma que no sólo fue ella la que sufrió los abusos abusada) no creyeran en sus hijas.
El pasado miércoles, 8 de mayo, los Legionarios de Cristo emitieron un comunicado a nivel mundial en el que pedían perdón "a cada persona que haya sufrido un abuso por el padre Fernando Martínez Suárez, y a cada víctima de un miembro de nuestra Congregación", y anunciaban que habían solicitado una investigación exhaustiva externa. "Todo abuso es intolerable y lo condenamos de forma contundente. Hiere gravemente a quien lo ha sufrido y a toda la sociedad, y el dolor profundo se agrava cuando no logramos acoger, escuchar, creer, pedir perdón y acompañar a la persona que ha sido víctima de un abuso", indican.
Sin embargo, en el mismo comunicado de los Legionarios de Cristo se detallan los tiempos y lugares en los que el cura denunciado ejerció el ministerio sacerdotal, "para facilitar posibles denuncias". Y entre relevantes localidades mexicanas como México D.F., Saltillo o Cancún, destacan poderosamente los 13 años (1993-2016) que Fernando Martínez Suárez fue administrador y confesor del noviciado y centro de humanidades de los Legionarios de Cristo en España, concretamente en Salamanca.
Y aunque por el momento no se ha detallado si el sacerdote que permanece actualmente retirado en Roma generó denuncias de su paso por la ciudad, el asunto vuelve a salpicar a Salamanca en un nuevo caso de abusos sexuales a menores por parte de miembros de la Iglesia Católica. El caso de Fernando Martínez Suárez se suma a los ya conocidos de los sacerdotes Isidro López Santos, Francisco Carreras y José María Sánchez Nieto.
El caso de Isidro López Santos
En el caso de Isidro López Santos, tal y como detalló el periodista Íñigo Domínguez en El País, el obispado de Salamanca ignoró durante décadas, sin informar a la policía, las denuncias contra este cura condenado finalmente en el Vaticano por abusos sexuales a menores en 2014. La sentencia canónica sólo llegó después de la denuncia en la Diócesis de Salamanca de una de sus víctimas, el salmantino Javier Paz Ledesma, en el año 2011. Le acusó de abusos entre 1982 y 1992. Después también se sumaron a la denuncia otras dos personas, aunque el obispado lo silenció y nunca mencionó en sus notas de prensa que había más de una víctima. Solo usó un plural genérico, por lo que el de Javier Paz parecía un caso aislado. Pero el decreto de la sentencia admitió que hubo más denuncias que cayeron en saco roto mientras López Santos ejercía como sacerdote en las parroquias de San Julián y San Martín, y luego en San Pedro Apóstol de Tejares, en la diócesis de Salamanca, y era docente en los centros de educación secundaria Fray Luis de León y Torres Villarroel de la ciudad.
En declaraciones a SALAMANCA24HORAS, Javier Paz Ledesma afirmó que denunció a su abusador tras un duro proceso de maduración personal en el que se dio cuenta de que tenía "una responsabilidad con el niño que fui y al que no pude proteger".
Francisco Carreras: Un "depredador" que abusó de varias generaciones de niños
A finales de 2018 el caso de los abusos sexuales a menores por parte de miembros de la Iglesia Católica sumó un nuevo capítulo en Salamanca después de que El País publicara las denuncias contra el sacerdote Francisco Carreras, a quien apodó como "un depredador sexual" que abusó de varias generaciones de niños.
Carreras, de 74 años, fue ordenado en Salamanca en 1973 y enviado a Estados Unidos en 1975, por razones que se ignoran, aunque él había vivido allí en su infancia. Allí fue acusado entonces de abusos en la archidiócesis de Miami. Por esa razón fue expulsado por la Iglesia local y enviado de vuelta a Salamanca, con la advertencia de las acusaciones que pesaban contra él. Las denuncias posteriores en este país, en 2002 y 2011, que no prosperaron por prescripción, lo calificaban de “depredador sexual”. A pesar de ello, el obispo salmantino de entonces, Mauro Rubio, ya fallecido, y sus dos sucesores, Braulio Rodríguez y el actual, Carlos López, lo fueron moviendo por distintos pueblos durante décadas, hasta 2004. Al parecer, reside en el santuario de Valdejimena.
"Si puedo pedir algo, me gustaría que el ayuntamiento de Calzada de Valdunciel derribe su casa, que era la casa de los horrores”, dijo una de sus víctimas al periodista Íñigo Domínguez.
José María Sánchez Nieto, vicario de la iglesia de El Milagro de San José
También El País dio a conocer el pasado mes de febrero de 2019 que los superiores de los jesuitas encubrieron en los años ochenta y noventa a uno de sus miembros, José María Sánchez Nieto, vicario de la iglesia del Milagro de San José, en Salamanca, denunciado a la orden por una víctima, Ángel Plaza, un menor que frecuentaba la parroquia, que le acusó de abusos y violaciones de los 14 a los 20 años. De hecho, cuando informó a los jesuitas de los abusos, en 1988, el acusado los reconoció.
Tampoco se le abrió a Sánchez Nieto un proceso canónico ni se comunicó al Vaticano. Pasaron nueve años hasta que fue apartado del contacto con menores, tiempo que pasó al frente de la parroquia de San Ignacio de Logroño y siendo profesor de religión en el colegio jesuita de aquella ciudad. Fue en 1997, tras las nuevas protestas de la víctima, que se interesó años después por el destino de su agresor, cuando entonces el cura fue destinado a la parroquia de La Pilarica, en Valladolid, y fue sometido a terapia.
En 2002 los jesuitas le pagaron a Ángel Plaza, a petición suya, una indemnización que ascendió a 72.000 euros.
