El Consejo de Gobierno ha aprobado el primer ‘Plan de prevención de la violencia en el ámbito familiar en Castilla y León’, un Plan cuyo desarrollo temporal está previsto para el periodo 2019-2023 y que contará para impulsar las 121 actuaciones que prevé con una financiación de 146,5 millones de euros para todo este periodo. Castilla y León se convierte así en la primera comunidad autónoma en España en aprobar un Plan de estas características con el objetivo de abordar de manera integral los distintos tipos de violencia que se producen en el seno de las familias. Es un Plan muy participado ya que, junto a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que es la impulsora del mismo, el Plan ha contado con la aportación de Educación, Sanidad, de todos los colectivos del Consejo de Servicios Sociales y con la participación ciudadana a través de Gobierno Abierto.
Castilla y León cuenta ya con dos sistemas de protección específicos muy instaurados en la Comunidad, como son el sistema de protección a la infancia y el sistema de protección a las víctimas de violencia de género, que cuentan con marco jurídico y redes de actuación específica. Pero esas no son las únicas situaciones de malos tratos que se pueden producir en las familias, por lo que ahora este Plan viene a abordar la protección a la familia de forma integral, a todos sus miembros y con especial a tención a las personas mayores o personas con discapacidad, ante distintos tipos de violencia que pueden producirse en estos entornos como la física, psicológica, sexual o patrimonial. En este sentido, el Plan identifica las diferentes manifestaciones de la violencia en el seno de las familias, en referencia a cuatro grupos de relaciones bidireccionales: relaciones padres hijos, relaciones de pareja, personas mayores y personas con discapacidad.
Algunas novedades especialmente significativas del Plan
El plan cuenta con dos grandes objetivos: sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la necesidad de un buen trato familiar y abordar desde una perspectiva integral la prevención, detección, notificación y derivación de cualquier tipo de violencia en el seno de la familia. En este sentido, destacan algunas grandes novedades que se introducen en este Plan en materia de investigación, formación, detección y atención a las personas que sufren este tipo de violencia en el entorno familiar.
Entre las medidas más novedosas relacionadas con la atención se encuentran el desarrollo de un servicio telefónico de información y orientación sobre violencia en el ámbito familiar; el desarrollo de un servicio de apoyo a las familias que sufren violencia; la activación de los ingresos residenciales en situaciones de prioridad social en los casos necesarios de malos tratos o de violencia de género a personas mayores y/o con discapacidad; la implementación en todas las corporaciones locales y en las gerencias territoriales de servicios sociales de programas de intervención específicos.
Destaca también el hecho de dotar a los profesionales que trabajan en ámbitos que puedan estar relacionados con este tipo de violencia de herramientas de valoración y protocolos específicos con los que poder detectar precozmente situaciones de violencia en las familias y actuar con criterios de actuación unificados.
La formación cumplirá un papel importante en el Plan y aporta también novedades ya que, junto al refuerzo a la formación especializada a los profesionales de la sanidad, educación, servicios sociales y profesionales del tercer sector enfocada a identificar qué recurso es el más adecuado para cada necesidad, es novedosa la apuesta por formación también para las familias y para aquellos que participen en la red de voluntariado de apoyo a las familias.
Medidas específicas del ‘Plan de prevención de la violencia en el ámbito familiar’
El Plan agrupa sus ejes y actuaciones en cuatro grandes ámbitos: sensibilización, formación, detección y evaluación y atención, dentro de los cuales se trazan 18 objetivos estratégicos que contemplan hasta 121 actuaciones.
Atención a las personas. Uno de los ámbitos de mayor relevancia del Plan es el de la atención a las personas que sufren violencia en el seno de las familias, por lo que las medidas en este ámbito contarán con más de 135 millones de euros. Algunas de las principales actuaciones en esta materia son el desarrollo de un servicio de atención telefónica específico en esta materia dirigido especialmente a cualquier miembro de la familia que pueda verse en esta situación de violencia; el desarrollo de un servicio de atención a las familias con este tipo de problemas de violencia, con especial atención a la orientación y apoyo a los menores; la activación de los ingresos residenciales en situaciones de prioridad social en los casos necesarios de malos tratos o de violencia de género a personas mayores y/o con discapacidad, además de contemplar la creación de espacios de seguridad para las víctimas; la implementación en todas las corporaciones locales de programas de intervención específicos en los equipos de segundo nivel; o atención especializada a través de programas y tratamientos en casos de violencia filioparental con especial atención a casos de agresores menores de 14 años y de adolescentes condenados por delitos.
Junto a esto, otras de las medidas destacadas en este ámbito de la atención abordan la consolidación de la red de centros específicos para menores infractores, para la ejecución de medidas en los casos de violencia doméstica; la colaboración con las redes de apoyo y asistencia a las personas adoptantes víctimas de violencia filioparental; el desarrollo de actuaciones que favorezcan la reorganización de la vida familiar y estrategias de comunicación entre los miembros del núcleo familiar en los casos en que se detecten situaciones de violencia filioparental como pueden ser los ‘puntos de encuentro familiar’, o la elaboración de un catálogo de recursos en materia de atención de la violencia en el ámbito familiar que contemple todos los recursos existentes en la Comunidad.
Sensibilización y concienciación. En materia de sensibilización, los ejes están orientados a considerar la violencia en el ámbito familiar como un problema social y no personal, a mejorar la eficacia de la actuación de los servicios sociales mediante una mayor sensibilización ante la violencia, así como a la elaboración de estudios y documentación sobre maltrato en el seno de las familias. Este apartado cuenta con un presupuesto cercano a los 2,6 millones de euros para abordar aspectos como el desarrollo de campañas de sensibilización e información en diferentes ámbitos; el desarrollo de un novedoso servicio telefónico de información y orientación sobre violencia en el ámbito familiar; el desarrollo de actividades de sensibilización dirigidas a distintos profesionales de atención directa, o el desarrollo de investigaciones y estudios sobre los factores de riesgo en el maltrato a personas mayores, a personas con discapacidad y en la violencia filioparental. Junto a esto se implantarán y difundirán operaciones estadísticas cada año sobre actuaciones y resultados de la violencia en el ámbito familiar dentro del Plan Estadístico de Castilla y León y se potenciarán la participación de los órganos de orientación y asesoramiento de la Comunidad en relación con el desarrollo y difusión de las acciones que a desarrollar.
Formación. En tercer lugar, y en materia de formación, los ejes están orientados a la capacitación de los profesionales de los diferentes ámbitos en la prevención, detección e intervención ante situaciones de violencia en el seno de las familias y a la formación directa a familias en riesgo de sufrir este tipo de violencia, que es algo novedoso. Se contemplan cerca de 9 millones de euros destinados a actuaciones entre las que se encuentran la formación a profesionales que estén o puedan estar en contacto con familias que sufren este tipo de violencia; incorporación de contenidos específicos relacionados con el buen trato y la detección precoz de los malos tratos a personas en las acciones de formación dirigidas al voluntariado; difusión de buenas prácticas en la atención a personas con discapacidad y personas mayores víctimas de violencia en el ámbito familiar; formación a personas del movimiento asociativo en materia de orientación, apoyo y acompañamiento a personas víctimas de violencia en el ámbito familiar; formación y orientación a familias sobre abordaje de situaciones de violencia filioparental; y desarrollo y realización de material divulgativo dirigido a familias sobre buenas prácticas en el abordaje de situaciones de violencia filioparental.
Detección y evaluación. Por último, en materia de detección y evaluación del riesgo, se actuará en los ámbitos o grupos en los que se puedan dar este tipo de situaciones de violencia para facilitar la detección. El Plan contempla como principales actuaciones en este aspecto el diseño de herramientas de valoración del riesgo para todos los ámbitos en los que no exista y sea precisa; la elaboración y desarrollo de protocolos con criterios de actuación unificados cuando se detecten o sospechen casos de maltrato en todos los ámbitos del entorno de convivencia familiar; el desarrollo de una red de voluntarios en la red asociativa que colaboren en la detección y apoyo en este tipo de situaciones; el desarrollo de un servicio de apoyo a las familias que tengan este problema; potenciar la detección precoz desde los distintos ámbitos de situaciones de violencia en las familias mediante la coordinación y cooperación entre profesionales, o el desarrollo de espacios comunes de encuentro que favorezcan las relaciones sociales y la vida saludable mediante la creación de grupos de apoyo y autoayuda. A todo ello está previsto destinar unos 120.000 euros.
Contexto de la violencia intrafamiliar en Castilla y León
Una de las cuestiones que pretende poner en marcha el Plan es la realización de estudios actuales que permitan hacer una radiografía de este problema, ya que los datos disponibles en muchos casos son parciales y antiguos. En todo caso, hay ciertos datos que pueden ayudar a enmarcar la realidad de la violencia en el ámbito familiar en Castilla y León.
En lo relativo a la violencia respecto de los menores, en Castilla y León, entre 2007 y 2019, la violencia de género dejó 58 menores huérfanos, hijos de 35 mujeres que fueron asesinadas. Junto a esto, en 2018 se abrieron un total de 478 nuevos expedientes de protección, 248 niños y 230 niñas y, en total, 1.919 menores contaron con expediente de protección. Entre las causas que motivaron los expedientes destacaron la negligencia física (27,21 % de los casos) y la negligencia psíquica (22,32 %). El maltrato físico y psíquico estaba presente en el 9,9% y 11,46% de los casos, respectivamente.
Respecto a la violencia filioparental, el dato del número de sentencias dictadas por los juzgados de menores en Castilla y León en los que se acuerda la imposición de una medida consecuencia de una infracción por este tipo de comportamientos ha pasado de 37 en 2007 a 85 en 2017, y representa cerca del 11 % del total de sentencias con medida.
En relación con la violencia de género destaca, en 2017 respecto a 2016, el número de denuncias presentadas creció un 16,8 % y el de las órdenes de protección concedidas un 11,7 %. Respecto a los menores víctimas de esta violencia, y con datos nacionales del Ministerio de Igualdad, desde 2013 son 27 los niños que han sido asesinados en España, ninguno de ellos en Castilla y León, y 194 los que han perdido a sus madres.
En cuanto el maltrato a personas mayores, encuestas nacionales señalan que el 0,8 % de las personas mayores entrevistadas había sido víctimas de maltrato por parte de algún familiar, porcentaje que aumentaba hasta el 1,5 % entre las personas mayores dependientes, a lo que se añade que las personas mayores presentan mayores tasas de todos los tipos de maltrato.
Por último, y respecto al maltrato de la personas con discapacidad, en la Macroencuesta realizada en 2015 por el Ministerio de Sanidad sobre violencia contra la mujer se indica que la prevalencia de la “violencia severa” en las mujeres con discapacidad por parte de sus parejas es mayor a la que sufren las personas sin discapacidad, 6,4 % en el caso de mujeres sin discapacidad frente al 12 % en mujeres con discapacidad.
