Entre finales de mayo y principios de junio se han llevado a cabo las pruebas externas de sexto de Primaria y cuarto de Secundaria, las polémicas reválidas. Desde la Confederación General del Trabajo denuncian que “son innecesarias porque sus resultados no aportan nada que no sepamos el profesorado tras un curso con nuestro alumnado, porque puede condicionar la práctica docente hacia la preparación de un examen, porque acaba suponiendo una presión añadida sobre al alumnado y porque supone el empleo injustificado de tiempo y dinero”. A todo esto se une ahora “la privatización parcial e ilegal de su corrección”.
Explica el sindicato que las órdenes que regulan la realización de dichas evaluaciones finales establecen que su corrección recaerá sobre funcionarios docentes externos a los centros objeto de la prueba. Sin embargo, la Consejería va a encomendar la corrección de las preguntas de respuesta directa a una empresa privada.
Desde CGT denuncian esta situación, “no solo porque va en contra de las órdenes que al respecto se publicaron hace poco más de un mes, sino porque además supone un nuevo ejemplo de privatización de servicios públicos, pagando precisamente a una empresa por corregir aquella parte que menos trabajo supone, que son las preguntas de respuesta cerrada”.
En contraposición el sindicato pide que su corrección sea llevada a cabo por funcionarios docentes, tal y como se ha establecido normativamente, y que dicho profesorado sea compensado económicamente, tal y como tiene intención de hacer con la correspondiente empresa privada, “que se va a un dinero que es de todos y todas cuando existen funcionarios públicos docentes que sin duda conocen mejor el ámbito”.
