El sindicato CGT ha organizado para este sábado una charla ante la situación médica de los presos en las cárceles españolas que, según comentan, "no ha hecho más que empeorar". Será a las 19 horas en la sede, sita en la calle Pérez Oliva, a cargo del médico Gonzalo Tejerina.
Según cuentan, en la reforma del Reglamento Penitenciario de 1996, se estableció un “modelo sanitario mixto”, en el que la atención primaria corría a cargo de la administración penitenciaria “con medios propios o concertados”, pero quedaba casi siempre encomendada al cuerpo de médicos carceleros.
Con eso, la “relación penitenciara de sujeción especial iba a continuar interfiriendo en la relación terapéutica, pues la mayoría de esos médicos, además de mostrarse autoritarios, desconfiados y negligentes, defienden con repugnante corporativismo los intereses de la institución carcelera. Haciendo, por ejemplo, la vista gorda ante las torturas y malos tratos y falseando los partes de lesiones correspondientes", dicen.
Así, consideran que de la atención especializada debe encargarse el Servicio Nacional de Salud, “formalizándose entre ambas administraciones convenios de colaboración”. Dicha “ley de cohesión y calidad” de 2003 fijaba un plazo de 18 meses para la integración de la sanidad penitenciaria en el sistema nacional a través de su transferencia a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, desde entonces, sólo Cataluña y el País Vasco han asumido esas competencias.
De esta manera, presentarán un decálogo de mínimos sobre la situación de la sanidad penitenciaria denunciando las principales vulneraciones que sufren las personas presas en términos de salud. Aparte de medidas como poner fin a las sujeciones mecánicas u ofrecer formaciones especializadas al personal médico, el decálogo también incluye “el registro de forma precisa de todas las lesiones que se observan por parte del personal sanitario”.
“No puede ser que las competencias sanitarias de ninguna persona dependan del Ministerio de Interior, que prioriza la vigilancia y la seguridad del Estado a la atención sanitaria de las personas", se quejan, hasta el punto de que "si el paciente ha recibido tratamiento fuera del centro penitenciario, cuando entre, el médico de la prisión desconocerá totalmente su tratamiento e historial médico, y lo mismo ocurre cuando es al revés. Tampoco se comparte la información entre los centros penitenciarios".
Así, varias personas presas de diferentes cárceles del estado han comenzado el 1 de octubre del 2018 otra huelga de hambre colectiva. Tras la que comenzaron el uno de mayo pasado, y en vista de no haber conseguido cambiar las condiciones, vuelven a buscar de que se "cumpla el reglamento penitenciario".
